El Juzgado de Instrucción 54 de Madrid ha archivado la denuncia interpuesta contra el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y responsables de comisarías del cuerpo, a los que se acusaba de no dotar de chalecos antibalas y anticuchillo a todos los agentes que patrullan en la calle. El pasado mes de mayo la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Málaga, Fuensanta López, hizo lo propio en el caso contra el comisario provincial de la Policía Nacional en Málaga, Pedro Garijo, tras una querella presentada por la Unión Federal de Policía (UFP) por la supuesta falta de chalecos de seguridad. Esta carencia saltó a la luz después de que en mayo de 2014 un agente fuera apuñalado mortalmente al ir a identifica a un mendigo alemán en la calle Frigiliana.
En el caso de esta segunda denuncia, interpuesta por la Unión Nacional por la Intervención Policial y Especialidades (Unipe) tras la muerte de una segunda agente durante un atraco en Vigo, el auto, fechado el pasado 18 de junio y hecho público ayer por el propio sindicato, «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa». Por eso se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo, en una resolución que puede ser recurrida, aunque el sindicato no prevé hacerlo, según adelantó su secretario federal a Efe.
Unipe denunció el pasado mes de diciembre al director general de la Policía y a los responsables de comisarías que correspondiese por no dotar de chalecos antibalas y anticuchillo a todos los agentes que trabajan en la calle, al entender que incumplían el artículo 316 del Código Penal. Este artículo establece penas de entre seis meses y tres años de cárcel y multas de seis a doce meses para las personas que, estando legalmente obligadas a ofrecer medidas de protección para sus trabajadores, no lo hacen y, por lo tanto, ponen en riesgo su vida.
En la caso de Málaga, fue la UFP la que presentó la querella, también archivada, contra el comisario provincial de Málaga, Pedro Garijo, por el mismo delito y con el objetivo de depurar responsabilidades tras constatar el sindicato que en los almacenes de la Comisaría Provincial de Málaga existían «casi 100 chalecos antibala criando moho» que no habían sido entregados a los funcionarios operativos por «desidia, desinterés, indolencia o falta de sensibilidad hacia los policías».
La polémica de los chalecos saltó poco después de la muerte del policía Francisco Díaz, que fue apuñalado el 21 de mayo por un indigente en la calle Frigiliana sin que llevara puesta este tipo de prenda. Desde entonces, los responsables del UFP se preguntaron por qué Díaz y otros agentes de calle no disponían de chalecos antibala y antitrauma.
La instructora que archivó la denuncia recordó que en el coche de los agentes «había chalecos y los policías no hicieron uso de ellos por no dar la debida importancia al asunto al tratarse de una simple identificación, siendo totalmente inesperada la reacción del autor de la agresión».
