El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha suspendido la declaración prevista para este martes de dos investigados dentro de la causa por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu', según han informado fuentes judiciales.

Las fuentes han explicado a Europa Press que aunque se han personado los investigados, padre e hijo; y el letrado, la comparecencia se ha aplazado tras pedirlo el abogado defensor, ya que se acaba hacer cargo de la causa y ha requerido tiempo para conocer el contenido de las investigaciones realizadas hasta ahora. Las declaraciones judiciales por este caso se retomarán en septiembre.

Los dos citados este martes están relacionados con una empresa de la comarca de la Axarquía, a la que se le concedió una ayuda de 60.390 euros para un curso de servicio de bar y cafetería en la convocatoria de diciembre de 2010, pero los investigadores dicen que el colectivo empresarial que dirigen presentó solicitud de constitución sólo dos meses antes de dicha resolución.

Los primeros informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntaban a que "probablemente se hubiera constituido con la única finalidad de acceder a esta subvención", añadiendo que "no se explica" que los responsables del SAE "no se hubiesen percatado" de ello. El colectivo subcontrató con empresas relacionadas y recibió otras ayudas posteriores.

Según otro informe, uno de los investigados, presidente de la entidad, declaró a los agentes que "todo esto de las subvenciones se ha hecho por parte de la Junta para ganar dinero" y que "como militante del PSOE, miembros del partido, entre ellos Juan Carlos Lomeña, que fue delegado de Empleo", le dijeron que lo de los cursos "era para ganar mucho dinero".

Este responsable defiende la legalidad de su actuación, incidiendo en que la formación se impartió a 15 alumnos, había los materiales necesarios y se cumplió el compromiso de contratación. Además, señala que la Administración andaluza le debe aún, entre otras cantidades, el 25 por ciento de la subvención investigada, insistiendo en que se justificó el curso.

Ésta es otra de las 17 empresas investigadas que obtuvieron subvenciones --por algo menos de dos millones de euros en global-- en la convocatoria de ayudas, con compromiso de contratación, del 15 de diciembre de 2010. En el marco de estas diligencias, ya han comparecido ante el juzgado instructor una veintena de personas, relacionadas con distintas sociedades.

En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal apunta en sus pesquisas a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior.

Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el curso y en la liquidación de las subvenciones.