El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que, además, se encargó del caso 'Malaya', contra la corrupción en la localidad malagueña de Marbella, desde el inicio de la investigación, dice tener "una impresión favorable" de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo respecto a la macrocausa, ya que, ha apuntado, "se acogen un número importante de motivos" del recurso presentado por la Fiscalía.

López Caballero, fiscal que estuvo en la instrucción y durante casi dos años en el juicio oral de este caso, estando al frente de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, ha recordado que el Alto Tribunal ha acogido motivos del recurso de la acusación pública como la eliminación de algunas atenuantes y la calificación jurídica del cohecho, que ha supuesto un agravamiento de las penas para los entonces responsables públicos de Marbella.

El Supremo también ha acogido la petición del fiscal de eliminar toda referencia a que las multas y bienes decomisados vayan a Marbella para pagar deudas con otras administraciones, algo que la Audiencia de Málaga sí incluyó en su sentencia. Al respecto, López Caballero ha recordado que lo que dice el Alto Tribunal es que el destino de las multas "viene dado por la ley" y el Estado es el titular.

Sobre este aspecto, ha precisado que los ayuntamientos, en este caso el de Marbella, "también forman parte de la Administración General del Estado" y, en este sentido, ha apuntado que "en la medida de que el Estado es el titular de la capacidad presupuestaria y de gasto, repercute en beneficio de todos".

Respecto a la parte del recurso por el delito de malversación en relación con aprovechamientos urbanísticos en operaciones investigadas en la causa, motivo que no ha sido estimado por el Alto Tribunal, el fiscal jefe de Málaga ha señalado que es una materia "compleja", aunque ha destacado que la sentencia "resuelve dudas" al respecto.

Ha manifestado que al ser un recurso de casación, las acusaciones están más limitadas a la hora de los motivos por los que se puede recurrir, por lo que ha considerado que se debería iniciar una reflexión sobre "la conveniencia de reformar el recurso de casación para que sea realmente una segunda instancia" para todas las partes que recurran.

Ha considerado que la instrucción y el enjuiciamiento de este caso, en el que las primeras detenciones se produjeron en 2006, que llegó a juicio en 2010 con 95 acusados y en el que la Audiencia de Málaga dictó sentencia en octubre de 2013, "se ha producido en un tiempo más que razonable".