Isabel Pantoja no tenía por qué haber ido a la cárcel, pues fue condenada a dos años de prisión y ésa no es la norma. Sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga decidió que tenía que hacerlo. Los aires de indignación popular contra la corrupción, el ejemplo de la cantante y la mano dura de los jueces con los protagonistas de macrosumarios como Gürtel, Púnica, el caso de los ERE o los cursos de formación hicieron a muchos de los 53 condenados en el caso Malaya temer por su futuro penitenciario. El tribunal del proceso, presidido por José Godino, sentenció a muchos de los trece exconcejales que fueron sobornados por Juan Antonio Roca en el periodo 2003-2006 a dos años por cohechoJuan Antonio Roca. Un año y diez meses después de la emisión de la sentencia de primera instancia de la trama de corrupción marbellí, el temor de los expolíticos gilistas y de Roca se ha visto confirmado. El exasesor ve cómo el Supremo rechaza la mayor parte de sus alegaciones y lo sentencia a 17 años de cárcel, seis más de los que le impuso la Sala malagueña. Y los exediles ven cómo sus penas por cohecho crecen desde los dos hasta los tres años y medio al ser el cohecho más grave.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo citó ayer a los procuradores del caso Malaya para darles un CD con la sentencia definitiva. Lo hizo en medio de un gran secretismo. El fallo es ponencia del magistrado Juan Saavedra, quien deja para la historia un fallo de 3.138 folios de la mayor trama de corrupción política y urbanística del país.
En ese fallo, resuelve 48 recursos. De los 53 condenados, cuatro han sido absueltos: los empresarios Joaquín Martínez Vilanova, Julio de Marco y José María Pérez Lozano -cohecho-, y el abogado Francisco Soriano -falsedad-. Para ellos acaba una larga pena de banquillo que comenzó cuando Miguel Ángel Torres desató Malaya en la calurosa mañana del 29 de marzo de 2006. Casi diez años después, el fallo es definitivo. La Sala, sin embargo, deshace la histórica decisión de la Sala malagueña y el dinero de las multas y las responsabilidades civiles del caso irá al Estado y no a Marbella, como manda la ley. Además, el Supremo aprovecha Malaya para atizarle a los jueces amantes de las macroinstrucciones -tal vez Mercedes Alaya y Pablo Ruz ayer se sintieron aludidos-, dando la razón a muchas defensas que hablaron de una catarata de vulneraciones, pese a que casi ninguna se ha atendido. Lo que sí hace es refrendar el trabajo hecho por la Audiencia malagueña, modificándolo sólo en algunos puntos mínimos.
Roca ve cómo sus 11 años de cárcel y 240 millones de euros de multa pasan a convertirse en 17, porque el cohecho es ahora continuado pasivo y se le sube el castigo de dos a tres años y medio, y el blanqueo crece desde los cinco que se llevó en Málaga hasta los siete. Además, es condenado por un delito fiscal a otros dos años y medio de cárcel. Sus multas caen a los 232,6 millones de euros y se le añade la responsabilidad civil de 465.505 euros.
La exalcaldesa Marisol Yagüe, a la que el instructor definió en un célebre auto como una marioneta al servicio de Roca, el hombre al que los concejales llamaban el ´Jefe´, ha sido absuelta de alterar el precio de las subastas públicas. Así, la pena le baja desde los seis a los cinco años y medio (cohecho y fraude). Su amiga Isabel García Marcos -en Alhaurín de la Torre las llamaban las Chaneles- ha tenido suerte. Los cuatro años por cohecho y alteración se quedan en tres y medio (con la multa de 700.000 euros).
Los más perjudicados son los exconcejales del Gil, los mismos que recibían los sobres de Roca, lo que declara probado el Supremo, para aprobar las decisiones que lo beneficiaban a él mismo y a los empresarios que lo habían untado. Esto ya es una verdad material, una página más en el libro negro de Marbella. Un grueso grupo (Vicente Manciles, Rafael González, Rafael Calleja, Carmen Revilla, Belén Carmona, Pedro Pérez o José Jaén) fueron sentenciados a dos años por cohecho. Son once en total. Ahora, el Supremo les coloca un año y medio más, hasta los tres y medio, más sus respectivas multas.
Entre los empresarios, hay de todo: leves rebajas para algunos como ocurre con Carlos Sánchez, el maestro de Roca (de seis años y tres meses y 4,7 millones de multa a cuatro años y dos meses y cuatro millones de multa) o con Ávila Rojas, promotor granadino, a quien se le reducen las penas desde los tres años y ocho meses a tres años y medio, aunque la suma de sus multas se multiplica exponencialmente, desde los 11 a los 19 millones de euros. En cuanto a los que blanqueaban para Roca, escapan prácticamente igual: Manuel Sánchez Zubizarreta, el líder del despacho madrileño, una cantera inagotable de testaferros para el ´Jefe´, se queda con cuatro años por blanqueo y 100 millones de euros de multa; la mediática abogada Montserrat Corulla ve reducida su pena en seis meses, desde los cuatro a los tres años y medio -la multa es de 30 millones de euros-. El hombre de los Archivos Maras, el contable de la organización, Salvador Gardoqui, se queda con sus cuatro años de cárcel por blanqueo, pero la multa cae de 128 a 100 millones.
La Sala ha desestimado la mayoría de vulneraciones de derechos fundamentales alegadas: eso quiere decir que el juez Torres no se quedó el caso vulnerando las normas de reparto, por ejemplo. Sólo se aprecian algunas nulidades en cuanto a intervenciones telefónicas. Se elimina, además, la continuidad delictiva en el blanqueo, se deja sin efecto la atenuante de detención irregular apreciada para algunos y se desecha la pretensión de las dilaciones indebidas por tardar mucho en resolverse el caso.
Hay un voto particular de uno de los cinco magistrados que no tiene mayor trascendencia.
