Es hora de recapitular. De sacar conclusiones. De debatir sobre cómo mejorar. De perder el tiempo en analizar el sendero trazado y ver si por otro sitio se hubiera llegado mejor, más rápidamente, al punto final del trayecto. Ya tenemos sentencia definitiva del caso Malaya, la mayor trama de corrupción política y urbanística de la historia judicial española. Un juicio que duró dos años. La primera sentencia de instancia tardó 14 meses. Y la de revisión de las casaciones, un año. A ello hay que sumar la instrucción de tres años, y la larga tramitación de la preparación del juicio en la Audiencia Provincial. Brillante el trabajo realizado por el presidente del Tribunal, José Godino, y de sus compañeros de Sala, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald. Cuando nadie creía en que una Sección penal malagueña fuera capaz de sacar adelante semejante mamotreto, con la Audiencia Nacional mirando para otro lado, y con muchos llamando por detrás para criticar la supuesta tardanza del plenario, enjuiciaron a 95 personas, respetando sus derechos constitucionales, y dictaron una sentencia ejemplar. «Se trata de hacer justicia no venganza», decía Godino a quien quisiera escucharle. Ahora, el Tribunal Supremo ha refrendado prácticamente el 90% de su ponencia, retocando al alza las penas para Juan Antonio Roca (de 11 a 17 años) y a once exconcejales (de dos a tres años y medio). Además, la Sala ha hecho una gestión responsable y eficaz del patrimonio intervenido en el proceso, tratando de lograr todo el dinero líquido posible para que los acusados pudieran pagar sus indemnizaciones y multas, lo que redundará, ya sea en Marbella o en Madrid, en el bien colectivo de la sociedad civil. La instrucción fue tosca y dura, pero sólo así se entiende que el juez Torres y el fiscal Juan Carlos López Caballero pudieran enfrentarse a una organización criminal tan especializada, y con una estructura tan compleja, como la que lideraba Juan Antonio Roca, con tentáculos en los juzgados y en otros apéndices capitales de las cloacas del Estado. Se hizo aquella instrucción en un tiempo récord. Y, como ya saben, el número de encausados pudo ser mucho mayor. Hicieron lo que pudieron en un tiempo en el que muchos eligieron mirar para otro lado. Hoy, las figuras de todos los protagonistas del caso, los que limpiaron aquel inmenso lodazal, se agrandan para enseñarnos a modo de conclusión final que no puede volver a ocurrir aquello, al menos no a esa magnitud. La democracia ha de tener resortes legales que le permitan defenderse de las hordas de saqueadores que hoy hacen lo mismo que en Marbella en el caso de los ERE o en la Gürtel. Se ha hecho un buen trabajo.
