El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga y la dirección de la empresa municipal Limposam, dedicada a la limpieza de colegios públicos, quisieron implantar en la entidad la llamada doble escala salarial, es decir que trabajadores de igual categoría cobren salarios distintos. Lo que pretendían era que los nuevos trabajadores que se incorporen a la empresa a partir de ahora cobrasen alrededor de un 40% menos que los fijos actuales. El argumento era que de esta manera se podría ampliar el número de centros a limpiar y ofrecer más trabajo, aunque más precario.
Los sindicatos mayoritarios en la empresa (UGT y CCOO) no rechazaron la propuesta y se aprestaron a negociar. La dirección de Limposam quiso hacer cómplice de su propuesta al comité y a los sindicatos y anunció que la medida solo se implantaría si tenía el acuerdo de todos los sindicatos representados en el comité. Solo la CGT, minoritaria con dos representantes en el comité, la rechazó y la propuesta se anuló.
El concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, responsable político de Limposam, acusó entonces a la CGT de boicotear el futuro de la empresa.
El edil remitió una carta a todos los trabajadores en la que acusaba a CGT de impedir «el crecimiento y ampliación de las actividades de Limposam». Jiménez culpaba a CGT de impedir la estabilidad de 35 trabajadoras que están fijas pero sin un puesto asignado; de impedir el crecimiento de la bolsa de trabajo o paralizar la modificación de los estatutos para que la empresa pueda optar a nuevos servicios como los de vigilancia o mantenimiento.
Ninguna de estas cuestiones, sin embargo, se había puesto en negociación pues no formaban parte de la propuesta de la empresa. El concejal, por contra, destacaba «el compromiso y el esfuerzo» de los otros sindicatos.
La campaña dio resultados y un grupo de trabajadores, afines a UGT y CCOO, promovieron una asamblea para revocar como miembros del comité a los dos representantes de CGT. Este sindicato acusa abiertamente a los dirigentes de estas organizaciones de alentar y promover la asamblea.
Finalmente los dos representantes de CGT en el comité, Miguel Pacheco y Cristóbal Retamero fueron revocados por decisión de una amplia mayoría de trabajadores a finales de mayo. El argumento era que estos representantes habían perdido la confianza al haber roto las negociaciones con la empresa.
La alianza de la empresa y los representantes de UGT y CCOO en Limposam había dado sus frutos, a juicio de la CGT, cuyos representantes no aciertan a comprender cómo unos dirigentes sindicales «se alinean con la empresa para expulsar a otros representantes de los trabajadores por el hecho de haberse negado a aceptar una medida tan negativa como la doble escala salarial».
Miguel Pacheco considera que todo ha sido «una caza de brujas» contra ellos por negarse a una medida tan «antisocial» y que la exigencia de que todos los sindicatos debían firmar la propuesta era una «simple excusa pues tanto el convenio colectivo como la bolsa de trabajadores han sido firmados «solo» por la mayoría del comité y tienen plena vigencia.
