La Diputación de Málaga decidirá hoy, después de varios años y algunas broncas sobre la supuesta gratuidad o no del servicio de cafetería en la institución provincial, poner fin a la aleatoriedad que había regido, hasta el momento, una parsimonia tan elemental como la de tomarse un café. Si, hasta ahora, el precio se basaba en lo que bien estipulaba la bondadosa voluntad del diputado o diputada de turno, las leyes del mercado pronto pondrán puertas a este abuso que ha ido nutriendo a generaciones enteras de cafeína a precio de saldo. Lo que tarde el interventor en elaborar una ordenanza que fije sobre el papel el coste de la vida porque, para muchos, ésta no empieza antes de la segunda taza del día.
«Estamos quitando símbolos de la vieja política», aseguró en una respuesta que encierra mucho peligro la portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo. Si enterrar la vieja política equivale a regular una cafetería que ofrece poco más allá de unas tristes infusiones de hibisco, significa que ésta sigue muy viva. Por si alguien desconoce el objeto de polémica, se trata de un espacio de no más de diez metros cuadrados que ofendería a cualquier pijo de la Gürtel o de los ERE, siempre éste fuera declarado como lugar de negociación para, entre y copa y copa, ver cómo les está quedando el país. Siguiendo el silogismo de la simbología, el derrumbe del Muro de Berlín debería de haber supuesto la paz mundial sobre la tierra.
Trazando esta línea entre lo mundano y el populismo, en la que es normal que se abrace el pueblo en la tercera persona del plural, el portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, fue aún más allá asegurando que si hubiera sido por los socialistas, la cafetería directamente ya no existiría. «El PSOE la puso y el PSOE la quita», dijo como quien acaba de matar a su propio hijo porque en realidad fue su partido quien la puso ahí. Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno, Kika Caracuel, recordó que tuvo que llegar el PP en 2011 y poner fin a los años de gratuidad socialista. Como prueba aludió a los 15.000 euros de recaudación que se donaban a Cáritas de manera anual.
Si se parte de la base de que buena parte de la responsabilidad de los males de la vieja política no radican en un café, sino en los que quieren seguir haciendo y deshaciendo en las instituciones según como venga el viento, la verdadera polémica del pleno de hoy se centrará en la aprobación de la petición de compatibilidad de Antonio Jesús López Nieto.
PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo de última hora para modificar el régimen que regula a los cargos de confianza y equipararlos al de los diputados que será ratificado hoy, a pesar de la oposición del resto de las fuerzas políticas con representación. Con este nuevo encaje legal, el actual jefe del gabinete del presidente compaginaría su trabajo en la Diputación con su labor en el Comité Técnico Arbitral de La Liga. Ahí es uno de los encargados de designar a los árbitros que pitan cada fin de semana. Una decisión que fue duramente criticada por el resto de portavoces que votarán en contra de esta compatibilidad. El PSOE, incluso, aseguró que no dudaría en llegar hasta la fiscalía si, finalmente, se comprueba que López Nieto ya había estado contratado por la Federación Española de Fútbol y estaría violando, en estos momentos, la Ley de incompatibilidades al no haber obtenido aún la aprobación por el pleno. «Si mala era la compatibilidad, peor es que López Nieto, como cargo de confianza, no tenga exclusividad», explicó Conejo, que aseguró, también, que «en la Diputación estamos dando pasos atrás en términos democrática».
Ciudadanos justificó su cambio de criterio -en la pasada comisión de información se mostró desfavorable a la compatibilidad lo que provocó que el PP retirará la petición- a que esta modificación serviría para regularizar la situación de todos los cargos de confianza en esta situación. Según confirmó ayer el PP, además de López Nieto, también la compatibilidad ha sido solicitada por Germán Gemar, Salomón Castiel y Juan Manuel Rodríguez.
Mientras que el mundo estaba pendiente del movimiento en la cafetería, Caracuel anunció una inversión de 24 millones para los 103 municipios de la provincia. Vieja política comparado con un café.
