El gremio se levantó en armas la semana pasada en Córdoba y el efecto dominó, provocado por el miedo a una desregularización, llevará, a lo largo de esta mañana, a unos 2.000 vehículos procedentes de las principales capitales españolas a las barricadas para protestar contra lo que consideran un ataque sin precedentes al sector del taxi por parte del Ministerio de Industria. Lo que en otras ocasiones siempre se ha asemejado a una aspiración utópica, la de poner de acuerdo a los principales sindicatos que agrupan a los taxistas en Málaga, ha sido posible y provocado, a su vez, por el último dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que apura a derogar 16 artículos de la ordenanza municipal del taxi de Málaga por resultar contrarios a derecho.

De la decisión por parte de este órgano, dependiente directamente de Industria, se extrae una consecuencia inmediata que ha puesto en alerta a todos los taxistas de España por el temor de contagio a otras ciudadades: con la derogación de estos artículos se elimina de forma automática la ratio de licencias que, ahora mismo, está limitada en la ordenanza municipal del taxi a 2,35 licencias por cada 1.000 habitantes, y se facilitaría la entrada de empresas privadas interesadas en irrumpir en un mercado, que ya de por sí, está acostumbrado a pasear butacas vacías la mayor parte del tiempo. El secretario general de los asalariados del taxi de Málaga, Arturo Kindelán, habla de «un plan orquestado por el Ministerio para desregularizar un mercado que llevará a un inevitable empeoramiento del servicio».

Para cumplir con la profesión, en estos momentos, la ordenanza municipal del taxi valora, entre otros aspectos, el conocimiento que pueda poseer el conductor de la ciudad, tiene en cuenta los antecedentes penales y supervisa las tarifas para evitar unos precios abusivos. Con el nuevo escenario que plantea la CNMC, la obligación del nuevo taxista no excede la de demostrar cierta pericia al volante.

En la actualidad, el sector del taxi, a nivel andaluz, se regula por el decreto 35/2012 que sirve, también, como marco común para las diferentes ordenanzas municipales, que han sido modificadas sucesivamente y teniendo en cuenta las particularidades de cada ciudad, pero que han servido para garantizar un servicio público que ahora peligra. «Se podría dar el caso de que llegue una empresa y, de golpe, compre 20 licencias con sus respectivos taxis», avisa Kindelán.

Anular la ordenanza municipal. Para Kindelán, la solución inmediata a este conflicto pasa por que el propio Ayuntamiento deroge la actual ordenanza municipal. «Así, el dictamen de la CNMC carecería de valor porque no se estaría atentando contra ningún artículo», explica sobre una medida que serviría al sector para ganar tiempo y ponerse de acuerdo en poner sobre el papel una nueva ordenanza municipal que se utilizaría para puentear la voluntad de la CNMC.

El presidente de Aumat, José Royón, alude a «unas 9.000 familias que verían peligrar su sustento en Málaga» y a «unas 100.000 en toda España». Los sindicatos de la ciudad esperan una movilización masiva y cuentan con más de 2.000 taxis para hacer un frente común.

A lo largo del día de ayer, el goteo de vehículos llegados procedentes de Barcelona, Murcia o Valencia ya fue una constante.