La empresa de recaudación del Ayuntamiento de Málaga, Gestrisam, ha iniciado los contactos con entidades financieras -siete hasta la fecha- para establecer un sistema de información que permita conocer qué malagueños subsisten con una pensión mínima (634,5 euros), la prestación tras el final del desempleo (426 €) o un salario equivalente al salario mínimo interprofesional IPREM (532,51 euros).

El objetivo de Gestrisam es establecer un sistema de información que les permita qué malagueños tienen pocos ingresos y pueden declararse insolventes, para evitar así el embargo por impago de los pocos ingresos de los que dispongan.

Gestrisam trata así de que no vuelva a repetirse lo ocurrido hace un mes cuando cerca de 500 ciudadanos sufrieron de manera sorpresiva el embargo de sus cuentas, que contenían las pensiones por desempleo, por mantener una deuda con la hacienda municipal.

El director general de Gestrisam, Juan Manuel Ruiz Galdón, explicó que el principal escollo es conseguir acceder a esa información sin vulnerar la Ley de Protección de Datos. De hecho, se plantea que simplemente se informe sólo de qué personas disponen únicamente de un ingreso regular que corresponda a uno de los supuestos de prestaciones sociales, sin entrar en conocer las cantidades u otros datos que no correspondan a la petición.

Ruiz Galdón aseguró que este sistema de información no está desarrollado en ninguna ciudad y, de llegarse a un acuerdo, se trasladaría la experiencia a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que se traslade al resto de municipios.

Además de estos esfuerzos, la dirección de Gestrisam considera que «es necesaria la colaboración de los deudores con la Hacienda municipal sobre su situación económica»; ello permitiría incoar un procedimiento para «decretar la insolvencia provisional del deudor y archivar las actuaciones recaudatorias».

En última instancia, en los procedimientos de embargo, «si el titular acredita» que en la cuenta embargada se ingresa un salario, pensión o prestación económica inembargable, «existen mecanismos de atención personalizada para realizar los levantamientos de la traba con la máxima celeridad».

No obstante, hay que sortear algunos problemas. Además de encajar esta transferencia de información con la Ley de Protección de Datos hay un problema técnico, ya que la cantidad de datos que hay que manejar y obtener requiere de un sobreesfuerzo de las entidades financieras. El director general de Gestrisam, sin embargo, aseguró que hay receptividad por parte de las entidades financieras.

Junto a este acuerdo con las entidades financieras el equipo de gobierno tendrá que avanzar en un acuerdo político, tal como fue aprobado en el último pleno del Ayuntamiento, para lo que debe convocar una comisión con la presencia del tesorero e interventor municipales, así como representantes de todos los grupos con representación en el pleno.