La mujer a la que llamaremos María, aunque no es su auténtico nombre, tendrá más de 70 años, luce una camiseta sucia y cuando el periodista pregunta por su salud balbucea antes de dar las gracias y cerrar bruscamente la puerta.

Los vecinos del bloque de viviendas en alquiler de la Junta en el que vive, en la calle Juan de Ortega, están preocupados por su salud mental pero también por las consecuencias de su deterioro. A este respecto una vecina que prefiere no dar su nombre muestra una grabación de audio en la que María no deja de proferir gritos y amenazas. «Y todo fue porque le di los buenos días en la escalera», cuenta esta vecina.

El caso es que María, inquilina durante años de un piso que sólo ha ocupado desde los últimos cuatro meses después de años de ausencia, prolonga el griterío a cualquier hora, incluida la madrugada. «Se pone a arrastrar muebles, a gritar, a abrir y cerrar las ventanas», cuenta un vecino.

«A mí me da mucha pena porque vive sin luz, sin apenas muebles y a base de bocadillos», cuenta la vecina que ha grabado los gritos. Por lo que ha podido averiguar, María fue declarada apta para vivir sola en un piso por un juez, pero los vecinos creen que es una decisión que debe ser revisada. «Tiene familia pero no la critico porque está enferma y es un martirio vivir con ella».

Los gritos y ruidos han obligado a los vecinos a llamar a la Policía Local en tres ocasiones. «Le dijeron que por hacer ruido por la noche le podía caer una multa de 200 euros y estuvo callada unos días pero luego volvió a empezar», cuenta la vecina, que también ha informado del caso a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento. «Se pasan la pelota unos a otros y me dicen que la denuncie en el juzgado pero yo no me voy a meter en juicio, lo que sí tenemos miedo es de que cualquier día, por un descuido en su casa, le pegue fuego al edificio».

Esta vecina recuerda además que María no paga a la Junta porque cree que compró el piso en propiedad hace años, otra prueba más de su enfermedad. «Queremos dormir y ella no puede vivir en esas condiciones», resume.

Junta y Ayuntamiento. Una portavoz de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta de Andalucía, informó ayer a este diario de que hace dos semanas trabajadoras sociales de la Agencia visitaron a María y comprobaron que la inquilina «tiene un problema de salud mental», por lo que derivaron el problema a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

A este respecto Ruth Sarabia, directora general de Derechos Sociales, explicó que el Consistorio se encargará del caso y que hay varias posibilidades: «Contactar con la familia por si se pudiera trasladar con ella, si no es así tramitar la dependencia de urgencia para trasladarla a un centro o residencia para que esté controlada y si no quiere se va al juzgado para incapacitarla judicialmente y mientras la tutela es del Ayuntamiento», resumió.

Los vecinos quieren lo mejor para María y de paso vivir sin gritos ni muebles que vienen y van.