La ampliación del Centro de Transportes de Mercancías (CTM) en los terrenos de Buenavista se podría retomar tras seis años parado. La Junta de Andalucía y el Gobierno, propietario de los suelos, retomarán los contactos para concretar la ejecución de las obras de urbanización de las 37 hectáreas disponibles.
El desbloqueo de este proyecto se produce gracias a que existe una petición formal de una empresa del sector de la alimentación de ámbito internacional para instalarse en estos terrenos, lo que supondría una inversión de 30 millones de euros y la creación de 200 nuevos puestos de trabajo.
Este proyecto privado supondría la construcción de un complejo de 90.000 metros cuadrados con naves, almacenes y oficinas. Su implantación daría un impulso a la ampliación y facilitaría la comercialización del resto de las parcelas. Este proyecto se frenó en 2009 con motivo de la crisis, aunque parece que el Gobierno ha dado ya el primer paso para desbloquear la inversión, que permitirá que el CTM de Málaga pase de las 27 hectáreas actuales a disponer de 64.
El delegado de Fomento y Vivienda, Francisco Fernández España, y el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunciaron que en los próximos días se reunirán con el Gobierno para concretar la ejecución de las obras y cumplir el convenio de 2009.
La Delegación del Gobierno andaluz en Málaga convocará en los próximos días a representantes de la Subdelegación del Gobierno, de la empresa estatal Sepes y del Ayuntamiento de Málaga para abordar este asunto.
El Área Logística de Málaga, gestionada por la Junta a través de la Red Logística de Andalucía, tiene ya en funcionamiento su sector 1 -el actual Centro de Transporte de Mercancías (CTM)-, que se encuentra completamente ocupado por 103 empresas, que proporcionan empleo a 1.700 trabajadores, gracias a una inversión pública y privada de 37 millones. La ampliación permitiría la implantación de nuevas empresas de distribución, atendiendo además a la fuerte demanda existente.
El convenio de 2009 contempla que la Consejería de Fomento se encargue de la planificación funcional y urbanística y la gestión posterior del recinto, mientras que el Gobierno, a través de Sepes, realiza las obras de urbanización, valoradas en unos 35 millones de euros, y la posterior comercialización de las parcelas.
