La rebaja de dos puntos en el tramo autonómico del IRPF en 2016 anunciada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es respaldada por los economistas, que demandan otras medidas fiscales como la reforma del impuesto de sucesiones o la reducción de organismos públicos para la contención del gasto. El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro, manifestó que es «oportunísimo» que se rebaje el IRPF, y lamentó «que no se reduzca más». Ferraro argumenta que el dinero que la hacienda andaluza deja de ingresar por la bajada -unos 120 millones- «no desaparece de Andalucía, se queda en los bolsillos» de los ciudadanos, de manera que favorece el consumo y la inversión. También dijo que la rebaja debería afectar a todas las rentas, y no sólo a las inferiores a los 60.000 euros, para evitar la «emigración fiscal» a otras comunidades. En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, exigió una «reforma unificada» de carácter nacional, para evitar diferencias autonómicas.

Por su parte, el catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga Antonio García Lizana, afirmó que la «paradoja» de la medida es que «recortando la presión fiscal se pueden incrementar los ingresos». Por el lado de la demanda, una bajada de la presión fiscal aumenta la renta, el consumo y la inversión, y favorece el crecimiento económico, por lo que puede mejorar la recaudación, mientras que del lado de la oferta supone un incentivo para que las empresas asuman riesgos.

En opinión del profesor de Teoría Económica Joaquín Aurioles, la comunidad tiene un nivel «muy elevado» de presión fiscal, «en contra de lo que se suele pensar», debido a que el nivel de renta es muy reducido. Por ello, una bajada de impuestos «siempre es bienvenida y, en el caso andaluz, muy razonable», declaró Aurioles, que recordó que la fiscalidad es un «elemento de competencia» entre regiones.