­­¿Qué queda de nosotros una vez que dejamos el mundo? Tarde o temprano es una pregunta que surge inevitablemente y lo único a lo que se pueden agarrar, en última instancia, las generaciones venideras es a la herencia. Pero, cada vez más, aumenta el número de personas que se ven obligadas a renunciar a su legado por no poder hacer frente a los gastos que hay que sufragar con el fisco. Paso, irremediable, para que el patrimonio pase de padres a hijos.

Los datos que baraja el Colegio de Notarios de Andalucía muestran la realidad de un caramelo envenenado. En 2014, unos 1.060 malagueños no han podido formalizar su herencia. Desde el año 2009, las renuncias se han elevado en la provincia en un 170 por ciento. La culpa, no en pocas ocasiones, es de uno de los tributos más controvertidos que conforman el sistema fiscal: el llamado impuesto sobre sucesiones y donaciones. Tan diverso en España, que varía según cada comunidad autónoma y que, en Andalucía, encuentra su techo siendo el más alto de todos a nivel nacional, lo que hace que ningún lugar de España heredar salga tan caro como aquí. Aunque existe un gravamen común que viene marcado por el Ministerio de Hacienda, cada autonomía ha establecido sus propias bonificaciones que determinan la cantidad que hay que pagar sobre la base liquidable. En este caso, sobre el valor neto de la herencia que se obtiene una vez que se han aplicado las bonificaciones, si es que correspondieran. En lo concerniente a las normas autonómicas vigentes en Andalucía, el impuesto de sucesiones se regula en los artículos 17 a 22 del decreto legislativo 1/2009.

En teoría, el planteamiento de la Junta de Andalucía es el siguiente: alguien que hereda, además de obtener una evidente ventaja económica, también incrementa sus posibilidades de desarrollar una vida más exitosa. Para compensar estas desigualdades el impuesto de sucesiones está llamado a equilibrar estas desventajas en cierta medida. En la realidad, lo invertido en estrechar la brecha de las desigualdades, según afirman, la mayoría de los abogados expertos en Derecho fiscal consultados, equivale a una gota de agua sobre la piedra caliente.

Falta de liquidez

Para José María Muñoz, asesor fiscal y auditor de cuentas con despacho en Málaga, la crisis económico, aunque obviamente ha influido, no es la única razón por la que se rechazan algunas de las herencias. Como explica, la aceptación de una herencia, además del tributo de sucesiones, también implica hacerse cargo de las deudas si es que las hubiera. «En el caso de las viviendas por ejemplo, en muchas ocasiones la herencia viene cargada con una hipoteca que todavía no ha sido liquidada por el fallecido y los herederos, para no hacerse cargo de la misma, deciden rechazar la herencia». Más trágicos son los casos, cuando la razón de la renuncia tiene que ver con estrecheces en la cuenta corriente y la falta de liquidez no permite a los herederos saldar los tributos con el fisco. «Es algo de sentido común. Si alguien hereda una vivienda por un valor neto de 240.000 euros y no se le pueden aplicar más excepciones, la tarifa del impuesto a pagar se eleva a 40.000 euros. Entiendo que no todo el mundo tiene esa cantidad en la cuenta corriente», explica Muñoz. Una tendencia, que también confirma el abogado especializado en Derecho fiscal, Demetrio Gómez: «Es un problema que viene de mucho antes de la crisis. Mi día a día está lleno de familias que tienen que acudir a un crédito para poder hacer frente a su herencia», apura una situación que para este abogado ejemplifica un «auténtico sinsentido». En todo caso, la crisis económica no ha hecho más que intensificar este fenómeno, ya que cada vez hay más familias que, prácticamente, viven al día.

El procedimiento para hacer frente a una herencia siempre es el mismo. Una herencia se puede aceptar o rechazar. Si se acepta, quien lo haga sucede al difunto en derechos y obligaciones, en el activo y en el pasivo, y responde de las deudas con los bienes heredados y con los suyos propios. Otra posibilidad es la de heredar en beneficio de inventario. Esto significa que se hace un inventario de los bienes y, en función del activo y del pasivo, la persona decide si admite o no la herencia. En este caso, sólo responde de las deudas con los bienes que herede, no con los suyos propios.

El principal problema de sucesión en Andalucía es el resultado de una carga fiscal mayor que en otras comunidades. La clave de por qué existe tal disparidad entre los territorios hay que buscarla en la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas. A éstas se les permitió actuar sobre los elementos del tributo que podían afectar a la cantidad final a pagar. «Por eso, muchos gobiernos regionales que no podían derogar el impuesto porque es de titularidad del Estado, optaron por aplicar unas reducciones y unas bonificaciones de manera que equivaldrían en la práctica a la supresión de ese impuesto», señala el decano de la Facultad de Derecho, Juan José Hinojosa.

Con una ensalada de números sobre la mesa, en Andalucía, si los bienes que recibe cada heredero tienen un valor antes de aplicarle las bonificaciones que no supera los 175.000 euros están exentos de pagar el impuesto de sucesiones. Todo lo que pase de esa cifra, deja a Andalucía con el impuesto de sucesiones más caro. Otro ejemplo: si alguien hereda 400.000 euros, tributaría más de 78.000 euros al fisco andaluz. «En términos globales, lo que recauda la comunidad por el impuesto de sucesiones es una parte mínima del total, pero, a nivel individual, puede suponer un fuerte agravio para la persona que hereda», critica Demetrio Gómez.

Más allá de los fríos números, el impuesto de sucesiones también está rodeado de un debate cuasi ético, que cuestiona la legitimidad del mismo. ¿Cómo se puede justificar el hecho de que las instituciones graven con impuestos bienes por los que los padres ya han tributado en vida? Para el abogado de la consultora UHY Fay & Co, Álvaro Villar, no hay dudas: «Es una doble tributación clarísima, porque se está penalizando un patrimonio que pertenece a la familia y quien lo ganase en su día ya pagó los impuestos correspondientes por él. No es de recibo que, por ejemplo, el hijo tenga que volver a pagar por lo que tributó su padre, porque lo que correspondería sería que pudiera disfrutar del fruto del trabajo de su progenitor».

Secuestrado, el impuesto de sucesiones se convierte en actor principal de cada campaña electoral. Que nadie dude que entrará en escena, de nuevo, para el 20-D. Más allá de un tributo ordinario, también es un problema político.