­La dirección del Hospital Clínico está investigando la existencia de un «topo» que filtra datos sobre enfermos críticos que ingresen en urgencias a empresas del sector funerario. Según confirmaron ayer fuentes del centro sanitario, desde el momento en que tuvieron noticias del caso -a raíz de una reclamación presentada el pasado sábado- están entrevistando a responsables y al personal del centro que trabajó el día de los hechos.

Tal y como adelantó ayer La Opinión, un hombre ha denunciado una llamada telefónica desde un número oculto que le preguntó si era familia de una paciente ingresada en las urgencias del hospital y que le cuestionó si tenían seguro funerario. La persona que le telefoneó creyó que la mujer había muerto lo que motivó que su familia se interesara por su estado y descubriera que estaba viva y que alguien había proporcionado la información indebidamente a una empresa de seguros.

El denunciante, Pepe Subires, no descartaba que se tratara de algún empleado del propio hospital que estuviera lucrándose favoreciendo a empresas funerarias al proporcionarles los datos de determinados enfermos y los de sus familiares para ofrecerles servicios fúnebres ante el posible deceso del paciente.

Fuentes del Clínico recordaron que todos los hospitales públicos disponen de un protocolo autorizado ante los fallecimientos dada su previsibilidad. Cuando esto ocurre son los propios familiares los que se encargan de llamar a la empresa de seguros o a la funeraria contratada pero, en caso de no disponer de uno de estos servicios, es el centro el que proporciona información con un listado de empresas que ofrezcan servicios de decesos.

Los hechos se remontan a la madrugada del 16 de octubre, cuando la familia de María José Arroyo esperaba en los pasillos del hospital noticias sobre su evolución. Había entrado en estado grave ante una asfixia provocada por un catarro. Los médicos explicaron a la familia que su vida peligraba porque los pulmones estaban prácticamente cerrados. Eran las 01.17 horas cuando su marido recibió una llamada desde un número oculto. «Una telefonista me preguntó si era familia de mi mujer y, cuando le dije que sí, quiso saber cuál era mi empresa de seguros funerarios», relataba el hombre a este periódico, que señalaba que se puso muy nervioso ante la llamada, que no terminaba de entender. «Yo me llevé un mal rato, le dije que qué me estaba pidiendo, que qué me estaba diciendo», contaba el hombre. «Entonces me dijo que unos compañeros se pasarían para hablar conmigo. Y me colgó», relataba.

Pepe Subires y sus hijos fueron a todos los mostradores del hospital preguntando por María José. «Los médicos nos dijeron que estaba en Observación, que estaba viva», señalaba, mientras recordaba que hoy día no es tan habitual que alguien tenga uno de estos seguros, motivo por el que creen en la existencia de un «topo» en el centro sanitario que tiene pactado con alguna compañía funeraria la comunicación de los decesos.

Según explicó el hombre, cuando puso la reclamación dos días después, en el mostrador de Urgencias le contaron que un día antes alguien se había quejado por el mismo motivo, pero al parecer no puso una reclamación. «Seguro que ha habido más casos, pero es que a la gente le cuesta poner reclamaciones», informó el hombre, que considera que el principal problema de lo que le ha ocurrido es que hayan accedido a sus datos y a los de su mujer sin consentimiento por una cuestión empresarial o, lo que es peor, a cambio de comisiones. «No me extrañaría que hubiera un entramado, a muchas compañías se le ha ido la clientela porque suben los precios, la competencia es dura», decía.

Aunque la historia de los Subires Arroyo tiene final feliz, parece que no lo tendrá para la persona o personas responsables de este caso, pues habrían vulnerado la Ley de Protección de Datos e incumplido el secreto profesional por la revelación de los mismos.

El cerco del caso se centra fundamentalmente en los trabajadores de urgencias que tengan acceso al estado clínico de los pacientes y los datos de los familiares que les acompañan en esos momentos. De ahí que supieran que la mujer de Pepe Subires estaba crítica y que tuvieran acceso al teléfono móvil de él de madrugada.

Pepe Subires y sus hijos no van a denunciar el caso ante los tribunales, a no ser que la respuesta que reciban por parte del hospital no les convenza. De hecho, ellos no culpan al centro sanitario, ya que consideran que es ajeno a estas prácticas fraudulentas y están satisfechos con la asistencia sanitaria recibida por parte de su mujer, que ayer por la tarde recibió el alta médica con un diagnóstico de asma y alergia al polvo. «Nosotros lo que queremos es que esto no le pase a más gente, que nadie se lucre por el dolor de otras personas», sentenciaba su marido.

Los hechos no han sorprendido demasiado a los sindicatos, que admiten que en más de una ocasión se ha comentado en el hospital que alguien avisa a las funerarias cuando se producen fallecimientos en el hospital. Tanto UGT como CSIF reconocieron que hace meses les llegaron noticias de un caso similar pero no lograron recopilar más datos. Un trabajador que prefirió preservar su anonimato confirmó a este periódico que esta semana se han dado al menos dos casos y que el cerco de las investigaciones afecta a profesionales sanitarios tanto como de admisión. Desde el Sindicato Médico advirtieron de que se trata de unos hechos muy graves que incurrirían en prevaricación.