Trabajadores y dirección de la empresa mixta de limpieza Limasa de Málaga han iniciado este viernes la negociación del nuevo marco laboral que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2016. Aunque, a priori, las posturas de unos y otros están enfrentadas, ambas partes han puesto sobre la mesa la intención de "negociar".

Así, se han emplazado a un nuevo encuentro el 4 de noviembre. El objetivo de los trabajadores sigue siendo, no obstante, cerrar un convenio o llegar a un principio de acuerdo antes de final de año. En caso de no ser así, exigirán que se restablezca el convenio de 2010-2012 y no descartan, de hecho, un nuevo conflicto laboral.

"Si nos obligan a seguir con los mismos parámetros que ahora, posiblemente habrá conflicto", ha advertido el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte.

Los trabajadores defienden que los acuerdos alcanzados en la Navidad de 2013 entre empresa y trabajadores, que pusieron fin a la huelga de basuras y que expiran el próximo 31 de diciembre, no tienen rango de convenio, por lo que parten del documento vigente de 2010 a 2012.

Por ello, actualizarán la última plataforma presentada para la negociación del convenio colectivo, aunque partiendo del de 2010-2012 y se entregará el día 4, según ha señalado a Europa Press el presidente del comité de empresa.

El objetivo, según ha dicho, es "recuperar lo que hemos dejado en el camino, tanto económicamente como en descansos y vacaciones". "La situación económica ya está mejor, por lo que, como todos los colectivos, queremos recuperar lo que teníamos; no pedimos más, sino lo que nos quitaron", ha indicado.

Por su parte, desde la empresa han calificado la reunión de "muy cordial" y han afirmado que "lo que queremos es negociar, necesitamos saber qué propuesta hacen para 2016 y todo lo que se vea que es coherente, se aceptará, y lo que represente un coste, se negociará".

Precisamente, la controversia que mantienen Limasa --participada en un 49 por ciento por el Ayuntamiento de Málaga-- y la Junta de Andalucía acerca de si los acuerdos alcanzados en diciembre de 2013 tienen rango de convenio, como reclama la dirección de esta sociedad, o no, como defienden el Gobierno andaluz y los empleados, está inmersa en un proceso judicial.

Por ello, cualquier negociación está, finalmente, supeditada a la decisión del juez. En el supuesto de que rechazara que esos acuerdos de 2013 tengan consideración de convenio, se debería tener como referencia el de 2010-2012, volviendo a estar de nuevo sobre la mesa cuestiones como la supresión de la paga de productividad, la congelación salarial o la redistribución de las vacaciones y los descansos.