­El abogado de la Junta de Andalucía que se encarga de la liquidación de los consorcios de las escuelas de hostelería de La Cónsula y La Fonda, José Carlos Aguilera, cargo ayer contra el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al que considera responsable de que los trabajadores no hayan aún cobrado sus salarios pendientes, a pesar de que se les había prometido que se les pagaría antes de noviembre.

«EL SAE no cumple. No puedo comprender, ni creo que haya justificación alguna para que, llegado final de octubre, los trabajadores no hayan cobrado los salarios que se les deben desde abril», dijo Aguilera, que recordó que este organismo dispone de los créditos para pagar y las aprobaciones de los presupuestos para cubrir las operaciones de liquidación de los consorcios, además del informe favorable del interventor de la Junta. Las plantillas de ambos centros se han puesto en huelga y se manifestarán este miércoles en Málaga.

Según los presupuestos transitorios aprobados hace más de un mes por los consejos de ambos consorcios, la Junta tiene que aportar en La Cónsula de Málaga 441.688 euros (el 80%, correspondiente a su cuota de participación en el consorcio). El Ayuntamiento de la capital sí ha desembolsado los 110.442 que le tocan (20%), lo que ha permitido a los trabajadores cobrar al menos las dos últimas nóminas. En La Fonda se deben aportar 317.688 euros pero ni la Junta ni el Ayuntamiento de Benalmádena han puesto aún ni un euro.

Aguilera recordó que a inicios de septiembre decidió junto a los liquidadores comenzar el curso 2015-2016 «con la normalidad que fuera posible, en beneficio de alumnos, profesores, de las propias escuelas y del proceso de liquidación de los consorcios», aunque por entonces «sólo había incertidumbres y ni un solo euro en caja». Añadió que para ello debía contar con el apoyo de los profesores y del personal de administración de ambas escuelas, de modo que el 9 de septiembre les planteó iniciar la docencia sin cobrar aún sus salarios.

«Asumí con ellos, conocedor del proceso de integración y de su marcha, el compromiso de que antes de final de octubre regularizaríamos el pago de sus nominas. Ni en el peor de los escenarios podía imaginar que, en casi dos meses, no iba a ser posible lograr ese objetivo. Pues ha pasado», reconoció. Todo ello pese a que, a su juicio, en este tiempo se han producido «avances extraordinarios» en el proceso de integración de los consorcios en la Junta, lo que hace «inexplicable» la situación.

Entre esos avances, citó la publicación el 24 de septiembre en el BOJA del decreto de integración en el SAE o, el 6 de octubre, la modificación presupuestaria para garantizar que el SAE pudiera hacer frente a las obligaciones derivadas de la cesión global de activos y pasivos por la liquidación y disolución de los consorcios de la comunidad. Esta modificación posibilitaba la transferencia de créditos al SAE por 12,9 millones de euros, de los que 4,9 eran para gastos de personal. Aguilera recordó también que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, prometió que las nóminas se pagarían antes de final de octubre «en la creencia y confianza de que ello sería posible, sin albergar ninguna duda razonable, porque ya no había obstáculo que impidiera pagar». En todo caso, opinó que Díaz no es la responsable. «Las responsabilidades hay que buscarlas en el SAE. No encuentro justificación a que no haya transferido a los consorcios la parte que debe aportar la Junta para que puedan hacer frente a sus obligaciones, la primera, pagar las nóminas», dijo.