­La actual legislatura encara su recta final con un balance económico ciertamente controvertido ya que la reactivación percibida en el último tramo del mandato de Mariano Rajoy no ha sido suficiente para reducir de forma significativa las cifras de paro ni ha frenado el avance de la precariedad laboral y de la desigualdad social. Los sindicatos denuncian, por contra, que la reforma laboral aprobada por el Gobierno nada más llegar al poder ha sido el instrumento con el que se ha desregulado aún más un mercado de trabajo dominado cada vez más por el empleo temporal y por los contratos a tiempo parcial, que abocan a las familias a la incertidumbre y a unos sueldos, en muchos casos, de subsistencia. Málaga registrará este 2015 con un crecimiento del PIB del 3,3% después de iniciar la legislatura en negativo, una cierta mejora de sectores como la construcción, unas cifras récord en exportación y con la locomotora del turismo a pleno rendimiento. Sin embargo, la tasa de paro se ha reducido en estos cuatro años apenas dos puntos y sigue en un estratosférico 28,9%.

La provincia tiene 236.000 desempleados según la Encuesta de Población Activa (EPA), 6.300 menos que a finales de 2011, y 182.952 si nos atenemos a los inscritos en los Servicio Estatal Público de Empleo (en este caso, 6.291 menos que hace cuatro años). Todo eso después de haber registrado niveles históricos de paro a lo largo de 2012 y 2013, los más duros de la crisis debido a la oleada de despidos que propició la reforma. La situación de muchos parados malagueños, además, es ahora más complicada: si al inicio de la legislatura el 59% cobraba algún tipo de prestación, ahora sólo lo hace el 45%. Es decir, hay casi 100.000 desempleados en Málaga que han agotado todas sus coberturas al haber perdido su empleo y no haberse podido reenganchar al mercado.

Para los sindicatos CCOO y UGT, el balance del Gobierno es ínfimo en relación a todos los sacrificios y a la supresión de derechos laborales de estos años. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en cambio, afirma que si el paro en España no ha bajado más es por la subida de la población activa y porque muchas personas, al ver más expectativas laborales, se ponen de nuevo a buscar activamente empleo.

En lo que sí puede presumir el Ejecutivo es de haber elevado las cifras de ocupación: la provincia tiene ahora mismo 536.310 afiliados a la Seguridad Social -578.600 ocupados si cogemos el dato de la EPA-, con subidas del 2,5% y del 8% respectivamente sobre 2011. En ambos casos, son los mejores guarismos desde 2008. El problema, según denuncian los sindicatos, es la baja calidad del empleo generado. El 95% de los contratos que se firman cada mes son temporales y el número de asalariados malagueños que trabaja de forma temporal (es decir, sin contrato indefinido) ha subido en estos cuatro años del 25% al 33%, según apunta la secretaria de UGT en Málaga, Auxiliadora Jiménez, a partir de las proyecciones extraídas desde la EPA.

Además, los contratos a tiempo parcial tienen ya el mayor peso de siempre dentro del mercado laboral malagueño, con unos sueldos que no dan para que una familia pueda llegar a fin de mes. Casi la cuarta parte de los trabajadores por cuenta ajena de la provincia (exactamente el 23,6% del total, cinco puntos más que en 2012, cuando entró en vigor la reforma laboral) trabajan ya por horas y no a jornada completa. Jiménez asegura que casi el 80% de esos empleados desearían trabajar las ocho horas, pero ni sus empresas están dispuestas a hacerles esos contratos ni ellos encuentran ofertas de este tipo en el mercado. «Los datos hablan por sí mismos. Se ha precarizado aún más el mercado de trabajo y se han perdido derechos laborales. Y con todo eso, ni el empleo termina de remontar ni el crecimiento económico del que habla el Gobierno se traslada a los ciudadanos», afirma.

La impresión es compartida por su homólogo de CCOO, Antonio Herrera. «Para este viaje no hacían falta alforjas. Tenemos un mercado más precario, con más economía sumergida y con prácticamente el mismo paro que en 2011. Además, la reforma laboral ha incentivado los descuelgues de convenio, con incumplimientos de las cláusulas de revisión salarial y bajadas unilaterales de salarios», lamenta el secretario general de CCOO, que cifra en un 1,3% el retroceso del poder adquisitivo en estos cuatro años, incluso a pesar de la práctica ausencia de inflación.

Los datos de Hacienda confirman toda esta dinámica, espoleada por el creciente peso del empleo por horas. El 42% de los trabajadores malagueños presentan ingresos de trabajo globales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 52% tampoco alcanza ni siquier la cota de mileurista. Así las cosas, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social entre los hogares andaluces también ha crecido en esta legislatura, pasando del 30,7% al 33,3%. Cáritas señalaba recientemente en uno de sus informes que, con los actuales sueldos, tener un trabajo ya no garantiza estar a salvo del riesgo de exclusión.

¿Qué piensan de esto la patronal? El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, reconoce que las dudas que todavía despierta la incipiente reactivación económica están impidiendo un mayor volumen de contratación estable.

«No puede ser de otra forma en esta situación de reinicio de la actividad. Las empresas están todavía luchando por su supervivencia y no tienen garantizado el futuro. El contexto todavía no ayuda a que se genere más empleo estable y a jornada completa. Pero estoy convencido de que los habrá en cuanto se consolide la mejora», asegura. A su juicio, el Ejecutivo ha acertado con la mayoría de las medidas adoptadas en esta legislatura, que califica de «compleja y difícil» por la situación económica en la que heredó el país, con la prima de riesgo disparada y la confianza por los suelos. González de Lara sí admite que la reforma laboral tenía que haber sido más consensuada con los agentes sociales y que nunca debió venderse como «una varita mágica» para crear empleo.

«Ninguna reforma laboral sirve para eso. En todo caso, esta reforma ha servido para frenar la sangría de destrucción de empresas y de empleo», apuntó en alusión a medidas tan controvertidas como el abaratamiento del despido, la flexibilización de las condiciones para aplicar un ERE o la posibilidad de descuelgue de los convenios por parte de las empresas. El responsable de la CEM recordó que desde el inicio de la crisis en Málaga han desaparecido entre 12.000 y 14.000 empresas. Y aunque la provincia presenta ahora el mejor dato de firmas afiliadas a la Seguridad Social desde el inicio de la crisis (57.122, unas 6.000 más que inicios de legislatura), tampoco cabe llamarse a engaño. Las nuevas empresas son ante todo pequeños negocios de personas que se autoemplean y no suplen en volumen de trabajadores a aquellas que han desaparecido.