El de ayer pudo ser el puñetazo del ko propinado por la Junta a la mandíbula de los trabajadores y los alumnos de La Cónsula y La Fonda. La administración autonómica, en un giro inesperado de los acontecimientos, ha arrinconado a las escuelas de hostelería malagueñas y las ha dejado fuera del tablero de juego. Inexplicablemente, y haciendo alarde de una falta de sensibilidad fuera de lo común y de justos escrúpulos, mantiene enconada la integración de estos centros de formación en el SAE. Es más, incorpora «con carácter inmediato» a siete consorcios andaluces. Pero a ninguno de Málaga.

El gancho al mentón se produce, además, con alevosía y descaro. Fuentes consultadas por este periódico no dudan en calificar este último movimiento de «represalia política» contra las dos escuelas que más se han movilizado contra los impagos de la Junta, que aún no ha aportado un solo euro, ni ha encontrado las herramientas financieras necesarias para transferir su parte del presupuesto transitorio aprobado hace más de un mes por los consejos rectores de estos dos consorcios.

Se apunta directamente a la viceconsejera de Empleo, Antonia Jesús Moro, y sorprende aún más que un consejero malagueño, José Sánchez Maldonado, lo haya permitido. La situación no es nada sencilla, sin duda. El titular de Empleo, Empresa y Comercio informó ayer de que el SAE ha firmado varias resoluciones para asumir los activos y el pasivo de aquellos consorcios escuela que ya han aprobado su liquidación y la cesión global a la Agencia. Por el momento siete consorcios, que serán publicados en el BOJA en los próximos días. La Cónsula y La Fonda se quedan fuera, ya que no cumplen estos requisitos.

Sin duda, les ha perjudicado la voluntad de intentar sobrevivir con la esperanza de que se solucionaría un problema que mantiene la guillotina sobre sus cabezas desde hace tres años. A diferencia del resto de consorcios, estas escuelas no se extinguieron, y siguieron funcionando, malviviendo, acumulando deudas con los proveedores y nóminas sin cobrar (actualmente seis en el caso de los trabajadores de la escuela de Málaga y ocho de los de la escuela de Benalmádena). Ahora se ven doblemente perjudicados. El SAE les exige que le ceda los activos y el pasivo pero no pueden porque no están extinguidas. Y el curso empezado. Y con alumnos. Que no han podido dar las clases con normalidad y si lo hacen es gracias a la generosidad de un grupo de empresas malagueñas que sirve los productos a cuenta, lo que ha permitido abrir el restaurante de La Cónsula.

Sánchez Maldonado ayer, al menos, hizo bueno el compromiso adquirido el viernes pasado por la presidenta Susana Díaz con los representantes de los trabajadores del Mármol, de Almería, y del Albaycín, de Granada, y en el que tantas expectativas habían depositado los profesionales de La Cónsula y La Fonda. Pero solo acertó a decir que tras la incorporación al SAE de estos siete consorcios, «le seguirán otros, de forma que seguiremos trabajando para que se materialice la solución». Para ello, estos consorcios han de «aprobar su disolución y liquidación y deben acompañar el procedimiento de cesión global de activos y pasivos». Pero claro, son centros que están funcionando. Por este motivo, el CIO de Mijas, que era el que partía en situación más desventajosa, es el que ahora tiene más opciones de integrarse en el SAE.

Las reacciones no se hicieron esperar. Así, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, aseguró que es «una torta a Málaga y a los malagueños». «Málaga una vez más es marginada», aseguró Moreno. «Es un escarnio para nuestros intereses porque son fundamentales para nuestro futuro y nuestro presente, para nuestro prestigio», lamentó. Por su parte, Elías Bendodo, presidente del PP malagueño, aseguró que los malagueños «no nos merecemos este trato discriminatorio».