El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga, liderado por Francisco de la Torre, ha alertado de que la continuidad de los programas de política social cofinanciados por la Junta de Andalucía se ve afectada ante "la línea de recortes y ajustes iniciada por el Gobierno andaluz", y, por tanto "la atención e intervención con las personas más vulnerables".

Así lo trasladará este lunes en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales el concejal del ramo, Julio Andrade, a través de una moción. En concreto, exigirá a la Junta que garantice el mantenimiento de todos los programas y proyectos sociales que se desarrollan en los ayuntamientos --drogodependencia o inmigración--, a través de la firma de convenios plurianuales para darles garantía legal y económica.

También se propone a la Junta que elabore y cumpla un calendario de publicación anual de las subvenciones en materia de atención social, y se le ofrece colaboración municipal para la búsqueda de vías alternativas a las subvenciones anuales, con la finalidad de evitar "la fragilidad que tiene este sistema de financiación".

De este modo, según el concejal de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia, "se redundaría tanto en la mejora de las circunstancias sociofamiliares de las personas objeto de la intervención como en la estabilidad contractual de los profesionales que desempeñan esta labor".

En la citada moción, el Partido Popular hace referencia a iniciativas concretas e insta a la Junta de Andalucía a que con carácter urgente explique los motivos por los que ha retirado el apoyo al Programa de Comunidad Gitana, exactamente al proyecto de Integración y Promoción Social de la Población de Los Asperones.

De igual modo, se reclamará a la Administración autonómica que publique en estos últimos meses del año la línea de apoyo a inmigrantes, "colectivo al que ha abandonado", denuncia Andrade, así como al Programa de Zonas de Transformación Social.

Andrade advierte en esta moción de "la progresiva disminución en los últimos años de los mecanismos de colaboración, que no sólo se traduce en una menor aportación económica, sino que en 2015, por ejemplo, no hayan sido publicadas las líneas de subvención para que los ayuntamientos puedan concurrir en convocatoria pública".

"Este escenario complica enormemente la gestión de los programas, así como las garantías de continuidad de éstos y de los contratos de los profesionales adscritos a ellos", resalta. En concreto, son siete trabajadores --del Programa de Zonas de Transformación Social y de la línea de inmigrantes-- los que se ven afectados por "la política de recorte aplicada por la Junta".

En este punto, lamenta que "el Gobierno andaluz venda las políticas sociales como su bandera de cara al ciudadano y presuma de mantener subvenciones para programas y servicios, pero luego no cumpla con su parte de corresponsabilidad en la financiación de programas".

"Es una evidencia --subraya Andrade-- que en los últimos años el Ayuntamiento de Málaga ha venido ejecutando de facto competencias exclusivas de la Junta en materia de servicios sociales, destinando sus recursos económicos a la financiación de servicios de titularidad autonómica, situación que continuará hasta que no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local".

Por otra parte, las dos líneas publicadas este año y a las que ha podido concurrir el Ayuntamiento de Málaga son Comunidad Gitana y Ciudades ante las Drogas. En el caso de la última, la Junta ha concedido una ayuda de 6.000 euros, lo que supone una disminución de un 25 por ciento con respecto a 2014.

En cuanto a la línea de Comunidad Gitana, está resuelta provisionalmente, situando al Ayuntamiento malagueño en el puesto 17 de los beneficiarios suplentes, con un importe de posible concesión de 90.000 euros. Un hecho que el PP considera "muy llamativo" cuando, precisamente, "el Proyecto de Integración y Promoción Social de la Población de Los Asperones es uno de los objetivos acordados en el protocolo, formalizado en 2007, de coordinación para el desmantelamiento de esta barriada de transición".

Es decir, "una cara de la Junta defiende y expresa públicamente que está al lado de las personas con mayores dificultades socioeconómicas, de los colectivos más desfavorecidos y de las zonas con especial dificultad, pero otra evidencia su falta de compromiso y la nefasta gestión que realiza de los fondos públicos", en opinión de Andrade.

"Esta estrategia autonómica hace que los ayuntamientos que mayor capacidad de respuesta tienen y mayor compromiso con la política social no paremos de dar pasos hacia delante, asumiendo todo aquello que no nos corresponde, al objeto de no dejar en la estacada a los ciudadanos y aún menos a aquellos que más lo necesitan", concluye el concejal 'popular'.

Violencia de género

Por otra parte, el edil de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia llevará otra moción a esta Comisión de Pleno instando a la Administración central y a la autonómica a que refuercen las políticas de género y contra la violencia hacia las mujeres, contando con los hombres como parte fundamental de esta lucha.

Con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en esta iniciativa del PP se hace hincapié en que "el Ayuntamiento se compromete a seguir trabajando en la prevención y erradicación de esta lacra, no sólo con la atención directa a las víctimas, sino también con la educación en valores igualitarios entre la comunidad educativa, así como reforzando las políticas de género y contra la violencia hacia las mujeres".