La Junta no da fecha a la integración de La Cónsula y La Fonda en el SAE. No se atreve, teniendo en cuenta que nunca ha cumplido los plazos que ha dado. Ayer, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, solo dijo que se hará «en el menor tiempo posible». Palabras que no impidieron que los trabajadores de las escuelas de hostelería malagueñas, las tres únicas que no han sido incluidas en el SAE de todas las de Andalucía, se volvieran a manifestar por las calles del Centro para poner en evidencia su indignación con las últimas decisiones de la Junta. Se sienten en una montaña rusa, con noticias contradictorias sobre la hipotética solución a sus problemas. Un día la Administración les promete una cosa y al siguiente la contraria, y claman contra este «nuevo modelo de postergarnos».

Medio centenar de profesores y alumnos de La Cónsula, La Fonda y el CIO de Mijas marcharon por tercer miércoles consecutivo. No buscan culpables, solo luz al final de un túnel que dura ya tres años. Pero apuntan que «el trato recibido por Julio Coca, director gerente del SAE, es injusto». «Somos los únicos trabajadores de todos los consorcios andaluces que seguimos impartiendo cursos y estamos desempeñando nuestras funciones contra todas las dificultades que nos venimos encontrando», informaron.

Según explicó María Luis Vargas, delegada de Personal de La Cónsula, el cobro de los salarios (la Junta debe seis nóminas a la plantilla del consorcio de Churriana, ocho a la de Benalmádena y 14 a la de Mijas) no es un tema discutible. «Más tarde o más temprano tendrá que asumirlo la Administración, que de nuevo ha roto el compromiso pactado en septiembre para la puesta en funcionamiento de los cursos», dijo. Es decir, por un lado, la Junta animó a que siguieran las clases, a aceptar alumnos, y ahora recula y se desentiende y alarga inexplicablemente el proceso para las escuelas malagueñas, las únicas que se mantienen funcionando, con los profesores yendo a trabajar gratis a diario.

«Los trabajadores de ambos centros hemos seguido en todo momento y al pie de la letra las instrucciones que se nos han venido marcando durante todo este largo proceso y que las carencias o defectos de forma que se quieran achacar competen exclusivamente a la Administración, a quien instamos a que los resuelva cuanto antes», añaden. «Ni a nuestro peor enemigo le desearíamos las penurias, amenazas de desahucio y otras situaciones de violencia extrema que supone para nosotros y nuestras familias este prolongado impago de nóminas que arrastramos», continúan.

Ruiz Espejo recordó ayer que ninguna de las dos escuelas cumple los requisitos para su integración inmediata en el SAE, pero insistió en que el «escenario es claro». Según informó, queda pendiente la convocatoria de los consejos y poder aprobar ese balance definitivo, «la cesión de los activos y pasivos al SAE en virtud del decreto ley». «Es un camino claro, recogido en la normativa. Y hemos pedido agilidad a los liquidadores», señaló.