­El grupo municipal socialista pidió ayer por segunda vez al concejal de Derechos Sociales, Julio Andrade, que cumpla la moción presentada por el PSOE en la comisión de Derechos Sociales del pasado jueves 19, aprobada con el respaldo de todos los grupos, salvo el PP que votó en contra. La moción abre un plazo de un mes para revisar la ordenanza que regula la cesión de uso de los bienes inmuebles municipales, así como para incorporar las propuestas de los colectivos.

La concejala socialista Estefanía Martín Palop declaró que el concejal Julio Andrade señaló en la comisión que la moción no se iba a aplicar. «Su actitud nos indigna, nos parece una clara demostración del rodillo que el PP ha utilizado estos años y da igual que haya cambiado la voluntad del pleno». La representante socialista destacó que «nada más tengamos la transcripción de la comisión vamos a pedir papel en mano que rectifique y cumpla la moción aprobada».

Además, destacó que la ordenanza objeto de la moción entró en vigor en diciembre de 2014, «con un periodo de transición a lo largo de este año y hemos visto que el artículo 5 es un traje a medida porque no hay una baremación estándar sino que se llevará una baremación específica para cada cesión de bienes, con lo que estamos igual que antes, porque los criterios los va a estipular el equipo de gobierno».

A esta falta de transparencia hay que sumar, criticó, la falta de un criterio de proximidad: «Que tengan prioridad las asociaciones que trabajan en cada barrio».

Martín Palop explicó que la moción que finalmente salió adelante ha sido consensuada con las federaciones vecinales Unidad y Solidaridad. «Y no pedimos que la ordenanza empiece de cero sino que se mejore».

Por su parte, Juan Campoy, de la federación vecinal Unidad, explicó ayer que su colectivo «ha sido la única organización que ha participado en la ordenanza desde el primer borrador, presentamos bastantes propuestas y no compartimos el criterio que se aplicó al final». Campoy tachó la ordenanza actual de «intervencionista y fiscalizadora» y dijo no estar tampoco de acuerdo con el régimen sancionador «de hasta 30.000 euros». En cuanto a la intervención de Julio Andrade, Campoy, que asistió a la comisión, señaló que «el concejal dijo, y en el acta constará, que él no iba poner a los técnicos a trabajar cuando no hace ni un año de la aprobación de la ordenanza».

Respuesta de Julio Andrade. El concejal de Derechos Sociales precisó por su parte que respetará «lo que se apruebe pero no pongamos a los funcionarios a trabajar desde cero, hay que buscar mecanismos para mejorar las cosas».

Andrade subrayó la falta de lógica que a su juicio tiene que «para una normativa que todavía no ha entrado en vigor, que cuenta con un periodo de entrada en vigor que se cumple el 12 de diciembre, ya pidan un cambio. Me parece una falta de respeto a los funcionarios porque son años de trabajo y más de 800 aportaciones en el periodo previo de redacción en los 11 distritos».

El concejal popular abogó por que la moción se cumpla con la colaboración de los grupos políticos: «Si creen que hay que mejorar algún artículo que lo elaboren, una vez meditado y fundamentado, que los grupos trabajemos porque para eso tenemos a nuestros propios técnicos pero no pongamos a los funcionarios a trabajar desde cero», insistió, al tiempo que recordó que el Ayuntamiento tiene mecanismos «para hacer un seguimiento a las mociones», por lo que dijo no comprender que existan dudas sobre el cumplimiento de una moción «aprobada el jueves pasado».