­El futuro laboral de Limasa se dirime estos días en dos frentes: el judicial y el político. Pero el motivo de controversia es único. Se trata de dilucidar si los acuerdos firmados en diciembre de 2013 y que pusieron fin a la huelga convocada entonces tienen rango de convenio colectivo o no.

La autoridad laboral de la Junta de Andalucía ya ha dicho que no en dos ocasiones; los trabajadores defienden esa misma tesis, pero la dirección de Limasa y el Ayuntamiento defienden que esos acuerdos deben ser considerados como un convenio colectivo.

El tema es crucial. En diciembre de 2013 se firmaron unos acuerdos que dejaban en suspenso determinados artículos del convenio y que esencialmente suponían la extinción de la paga de productividad, la eliminación de los descansos en fin de semana y la ampliación de los meses en que pueden disfrutarse las vacaciones, con unas repercusiones económicas importantes. Si lo firmado entonces tiene rango de convenio, como defiende la empresa y el Ayuntamiento, su vigencia continuará al menos hasta que no se firme un convenio colectivo nuevo.

Por contra, si los acuerdos de 2013 no tienen rango de convenio, como ha dictaminado la Junta de Andalucía y defienden los trabajadores, su vigencia alcanzará hasta el 31 de diciembre de este año y al 1de enero de 2016, -si antes no se ha pactado un convenio nuevo- volverían a estar en vigor los artículos que quedaron en suspenso; es decir, volvería a estar vigente el abono de la paga de productividad, los descansos en fin de semana y disfrutar el mes de vacaciones entre mayo y septiembre. Ambas tesis se pusieron sobre la mesa ayer.

Moción al pleno. De un lado, el juzgado de lo Social número 8 de Málaga vio ayer la demanda presentada por los trabajadores y el comité de Limasa, que reclaman al juez que declare como único convenio colectivo el del periodo comprendido entre 2010-2012 y no dé ese carácter al principio de acuerdo firmado en diciembre de 2013, que puso fin a la huelga de basura de la capital.

Los representantes legales de los trabajadores alegaron que lo rubricado en 2013 fue un principio de acuerdo sólo para poner fin a la huelga y regir las relaciones con la empresa mientras se negociaba durante el periodo 2013-2015, en el que se ha aplicado. Además, precisaron que se trata de un texto que «no está ni registrado ni publicado».

Por su parte, el representante jurídico de Limasa se opuso a que se considere único convenio el de 2010-2012 y argumentó que los acuerdos adoptados en 2013 sí deben serlo porque existió negociación, con más de 30 reuniones; y legitimación, ya que el documento fue aprobado por los trabajadores en asamblea. Además, se ha aplicado con normalidad en este tiempo.

El otro escenario en que se dilucida esta cuestión es el político, en este caso en el pleno del Ayuntamiento al que el equipo de gobierno presentará una moción instando a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a que realice los trámites burocráticos finales para «registrar el convenio negociado en 2013» y se fije como convenio «en vigor».

En la iniciativa del PP se expone que «el convenio colectivo en vigor es el que se firmó con el comité de empresa en 2013, año en el que, ante las dificultades para conseguir un acuerdo negociado, se inició el 25 de noviembre la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) en Limasa, que se aplicaría en el ejercicio de 2014».

«Al igual que ha sucedido recientemente, aquel año, con fecha 27 de noviembre, el comité de empresa anunció huelga indefinida a partir del 20 de diciembre», «a pesar de ello, tanto desde la dirección de Limasa como desde la plantilla, se mantuvieron negociaciones, que culminaron con la firma y el acuerdo para el convenio 2013-2015».

Tras esa firma, se realizaron los trámites que marca la normativa para registrar el correspondiente convenio colectivo, pero no se pudieron completar ya que la Junta, «con una notable falta de interés», aduce defectos de forma que han sido sobradamente solventados».