La Junta de Andalucía, en un intento de tranquilizar y dar seguridad jurídica a los empresarios de los polígonos afectados por el plan de riesgos de inundabilidad del Guadalhorce, va a impulsar una mesa de trabajo, con todas las entidades públicas y privadas implicadas, para tratar de incluir de forma concreta, con presupuesto y calendario, aquellas medidas correctoras que se consideran fundamentales. Entre ellas, las principales son el puente sobre la antigua N-340 y la continuidad hacia el norte del encauzamiento del río.
El objetivo sería la incorporación detallada de esas medidas de defensa y correctoras antes del visto bueno definitivo por parte del Consejo de Ministros del documento aprobado ya en octubre por la Junta de Andalucía, algo que se producirá en breve teniendo en cuenta que debe entrar en vigor antes del 22 de diciembre, fecha límite establecida por la UE.
Así se acordó ayer en una reunión mantenida en Málaga por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y empresarios, con el presidente de la CEM a la cabeza, Javier González de Lara, y los alcaldes de la capital, Alhaurín de la Torre y Cártama, Francisco de la Torre, Joaquín Villanova y Jorge Gallardo, respectivamente.
No obstante, el propio consejero de Medio Ambiente habló de la posibilidad de llevar a cabo posteriores modificaciones puntuales una vez aprobado definitivamente este plan de riesgos de inundabilidad.
En esta mesa de trabajo, cuya primera reunión tendrá lugar el 2 de diciembre, estarán representados la Junta, los tres ayuntamientos mencionados y los empresarios. Ese grupo técnico tratará de resolver las dudas de aquellos propietarios instalados ya en suelo urbano consolidado, de cara a posibles ampliaciones o reformas. Todo ello teniendo en cuenta que las medidas correctoras que puedan incluirse, como el puente, no se acometerían de un día para otro. En este punto, los empresarios hablan de estudiar posibles medidas de transitoriedad o una moratoria.
El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, consideró que todavía es posible la inclusión en el plan de ciertas cuestiones, teniendo en cuenta que el documento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, está ya en Madrid. Aseguró, además, que el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación ya establece medidas correctoras y de defensa para su consiguiente inclusión en el Plan Hidrológico.
Lo importante ahora sería determinar a quién corresponde su ejecución -Estado, Junta o propietarios-, «despejando así muchas dudas sobre posibles afecciones y corrigiendo lo que corresponda en el propio plan», según Ruiz Espejo. La Administración autonómica, sin embargo, ya rechazó todas las alegaciones de los polígonos.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, opinó que la reunión fue «muy útil» y dejó claro que es «fundamental» la ampliación del puente que cruza el río sobre la antigua N-340, una actuación que «no debería haberse quedado atrás». Además, cifró el presupuesto necesario para su ejecución en unos 60 o 70 millones, que, a priori, debería asumir el Estado.
Por su parte, el presidente de la CEM, Javier González de Lara, reconociendo que el informe de inundabilidad «es desafortunado al faltarle el complemento de las medidas correctoras», exigió que ahora éstas tengan «nombre y apellidos y el tiempo de ejecución, así como la concreción de quién tendría que financiarlas».
Desde la Asociación de Polígonos Industriales de Málaga (Apoma), su gerente, Juan Francisco Moreno, reconoció que «andamos muy escasos de tiempo para tomar soluciones, pero se va a intentar».
