­La ejecución de la sentencia del caso Malaya, contra la corrupción urbanística en Marbella, se hará de forma inminente, según fuentes judiciales consultadas por La Opinión de Málaga. La Sala Segunda del Supremo rechazó ayer los veinte incidentes de nulidad interpuestos por las defensas contra el fallo definitivo del caso, que se conoció a finales de julio. Ahora, en apenas unos días se enviará la sentencia a la Audiencia Provincial, que la ejecutará en unas semanas y ello obligaría a entrar a 26 condenados en la cárcel de Alhaurín de la Torre.

El Supremo, en el auto notificado el 24 de noviembre, rechaza las veinte nulidades propuestas y, según las fuentes, «el Supremo va a mandar ya la sentencia a Málaga». Una vez que llegue, la Sección Primera de la Audiencia Provincial decretará su firmeza y emitirá un auto requiriendo a los 48 condenados el pago de las multas y responsabilidades civiles millonarias y el ingreso en prisión de quien no pueda aspirar a que se suspenda la ejecución de su condena, lo que afecta, en principio, a 28 de los condenados, aunque Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama, cumple condena desde hace nueve años y medio y Julián Muñoz, condenado por Malaya a solo dos años, está también entre rejas por otras causas. Es decir, son 26 las personas sentenciadas susceptibles de dar con sus huesos en la cárcel, aunque todo dependerá del criterio del tribunal presidido por José Godino.

Lo que se hace en todos los juzgados y tribunales del país es que una persona condenada a dos años o menos, sin antecedentes, no tenga que entrar en la cárcel. Y más si tiene intención de reparar el daño causado abonando las sanciones. Quienes cumplan estos requisitos, en principio, no tendrán por qué entrar, salvo que la Sala de Malaya estime otra cosa.

Cabe recordar que la Sección Segunda mandó a la cárcel a Isabel Pantoja pese a que, en un principio, no tenía por qué haber entrado, dado que la suspensión provisional de la ejecución de la condena no se suele aplicar a los casos como ella, con dos años de prisión y sin antecedentes. Pero el hecho de ser un delito tan grave determinó a la Sala Segunda a enviarla entre rejas. Lo mismo ha pasado en otros casos, lo que queda a la discreción de cada tribunal.

Los aires no bajan favorables para estos condenados, por la indignación popular en relación a los ERE, Gürtel o ahora el asunto de los Pujol, lo que extendió entre los exediles marbellíes el temor a que se endurecieran sus penas en el Alto Tribunal, algo que acabó ocurriendo, ya que la pena por cohecho se aumentó de los dos años a los tres años y medio en muchos casos.

Las fuentes indicaron que la sentencia podría ejecutarse en enero, ya que parece difícil que pueda hacerse antes de Navidad. Tomando como base el límite de esos dos años, podrían entrar a la cárcel de forma inminente: la exalcaldesa Marisol Yagüe, sentenciada a cinco años y medio; la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos (tres años y medio); los ediles Carmen Revilla, Pedro Pérez, Vicente Manciles y Rafael Calleja, José Jaén (tres años y medio), Tomás Reñones (cinco y medio), José Luis Fernández Garrosa (cinco y medio), Rafael González (cuatro y medio), así como María José Lanzat y otros dos exediles (dos y medio). Quizás, en el caso de estos tres, puedan librarse si el tribunal malagueño interpreta la suspensión provisional de la condena de forma más suave.

También entrarán los testaferros de Roca: Montserrat Corulla (tres años y medio), Juan Germán Hoffman (cinco años), Manuel Sánchez Zubizarreta (cuatro años), Óscar Benavente (cuatro años) y el contable de Roca, Salvador Gardoqui (cuatro años).

Entre los empresarios, podrían entrar Celso Dema (dos años y medio), Andrés Liétor y Carlos Sánchez (cuatro años y cuatro meses), José Ávila Rojas (tres años y medio), Massimo Filipa (tres años y medio) y Óscar Jiménez (tres años y tres meses). Completan la zona de peligro Antonio Jimeno, cuñado de Roca, sentenciado a dos años y medio, y el ex primer teniente de alcalde de Jesús Gil, Pedro Román (cuatro años y medio). A ellos se suman Roca y Muñoz, ya en la cárcel, y habrá que tener en cuenta también en el cómputo el tiempo pasado en prisión preventiva, lo que podría librar a alguno más, así como los antecedentes.

Hay otros 20 condenados a dos años o menos e, incluso, algunos sólo tendrán que abonar multas por los delitos de cohecho, como en el caso del promotor cordobés Rafael Gómez Sandokán. El Supremo absolvió a 4 de los 52 condenados.