Los juzgados y tribunales malagueños están sobrecargados de trabajo. El chascarrillo es antiguo, pero explica bien la sensación que se vive en la Ciudad de la Justicia: la Audiencia malagueña es conocida en el mundillo jurídico como la pequeña Audiencia Nacional. Por eso, cualquier iniciativa novedosa que tenga como objetivo reducir el colapso es bien acogida por los jueces. El Juzgado de lo Mercantil número 2 desarrolla desde principios de octubre un proyecto pionero que trata de introducir la mediación en su complejo ámbito, pues hay que mediar entre empresas y ciudadanos o entre sociedades.
En los últimos años la mediación ha ganado terreno en ámbitos como el Derecho de Familia, el deporte, el consumo, los juzgados de lo Social -con la conciliación previa al juicio-, Menores e, incluso, en el ámbito de lo Penal -el terreno más difícil-. Pero la secretaria de este juzgado, Catalina Cadenas, y una de las juezas, Rocío Marina, son almas inquietas que tratan de aprovechar las nuevas herramientas que se ponen sobre el tapete de la justicia para aminorar el número de asuntos. No en vano, los dos juzgados de lo Mercantil de Málaga están en niveles altísimos de colapso y el número uno es el más saturado del país, consecuencia de la lenta digestión de las empresas que se declararon en concurso de acreedores por el ladrillo.
Por cierto, el juzgado número uno se sumará en unos días a este programa de mediación. Según explica Rocío Marina, desde el 15 de octubre hasta el 13 de noviembre, su juzgado ha enviado 199 asuntos a la sesión informativa previa a la mediación. De ellas, fueron 117 a la reunión y 42 se sometieron a mediación.
La mediación consiste en que las dos partes, primero por separado, hablan con el mediador para que este conozca las respectivas posturas ante un problema. Luego, se hacen sesiones conjuntas tratando de ver los puntos de acuerdo y limar discrepancias. El problema se puede resolver total o parcialmente. Si ello ocurre, se redacta un contrato, que se remite al juez y el procedimiento termina con la correspondiente sentencia.
De no llegarse a un acuerdo, el asunto sigue su tramitación normal hasta el juicio, si corresponde. Los mediadores pueden ser abogados, psicólogos, economistas, gestores administrativos o procuradores con formación específica en este ámbito. Éstos han de estar inscritos en listas oficiales como las de la Cámara de Comercio o el Servicio de Mediación del Colegio de Abogados, así como a las diferentes asociaciones especialistas en este asunto. O bien los nombra el juzgado o las partes pueden escoger, dice Rocío Marina, «a quien quieran».
Los asuntos que se envían a mediación en los órganos de lo Mercantil, explica la magistrado Marina, son «generalmente conflictos societarios, de mercantiles pequeñas, y temas de transporte y navegación aérea».
Enamorada de la mediación. «Todo empezó porque Catalina Cadenas, letrada de la administración de Justicia en este juzgado, está muy convencida de las bondades de la mediación y me convención desde el principio. Yo ya hice mediación penal y funcionó bien. Decidí adherirme a su propuesta», señala la togada.
El programa, que cuenta con el beneplácito del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha tardado dos años en ponerse en marcha por los estudios y preparativos previos. «Se ha hecho en cuanto hemos podido derivar los asuntos a las sesiones informativas que dan las asociaciones», añade. Se trata, eso sí, de encuentros iniciales de carácter informativo y gratuito.
En este proyecto, también están recibiendo mucha ayuda del juez José Luis Utrera, titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital, y uno de los pioneros a nivel nacional en la mediación en el Derecho de Familia.
«Tenemos que tratar de buscar otras vías de solución para descongestionar el juzgado, por supervivencia», ironiza la magistrado, quien para dar mayor fuerza a su reflexión explica que en febrero de 2015 ya se había superado el módulo de trabajo fijado por el Consejo General del Poder Judicial para todo el año y que en 2014, el mismo se sextuplicó.
La mediación, junto al arbitraje y la conciliación, son vías que se están explorando para descargar a jueces y tribunales de trabajo, de forma que estos puedan dedicarse a las tareas de mayor gravedad y entidad.
