El último pleno ordinario de la Diputación que se ha celebrado esta mañana, antes de que se celebren las elecciones generales de las que saldrá un nuevo mapa político a partir del próximo día 20 de diciembre, ha discurrido principalmente entre dos asuntos que han levantado los ánimos y han calentado el debate acerca de la diferencia entre el interés general de los ciudadanos y supuestos intereses partidistas, que en un momento determinado, priman para inclinar la balanza. Sobre la mesa, el futuro convenio que sirva para regular la explotación del Caminito del Rey a partir del próximo mes de abril, una vez que se dé por finalizado el vigente, por un lado. Por otro, todo lo relativo a la situación actual de la denominada Plaza de la Gastronomía y la orden emitida por el propio ente provincial a la concesionaria del coso taurino de la Malagueta para que comience a desmontar los puestos gastronómicos instalados en la plaza por desarrollar una actividad sin contar con la autorización de la Diputación.

Respecto al futuro convenio para regular la explotación del Caminito del Rey, el pleno ha reflejado las diferencias existentes entre el equipo del gobierno del PP, que opta por una futura explotación privada a través de una asignación directa a una empresa privada, y el resto de las fuerzas políticas, que han manifestado su deseo por sacar a concurso la explotación del famoso camino entre las localidades de Ardales y Álora, y que siga siendo de gestión pública. El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, ha criticado “el empeño del PP en cambiar el convenio para que la gestión pase a ser de gestión privada y se llene de lagunas en un futuro”, además de señalar un supuesto “uso partidista” por parte del PP mediante visitas exprés a simpatizantes populares, sin tener que pasar por la habitual reserva de entradas. Según el equipo del gobierno, con un convenio que todavía está sin perfilar, la explotación privada “es el modelo que mejor se adapta a este tipo de infraestructuras”, y como ha defendido la diputada popular de Medio Ambiente en la institución, Marina Bravo, “buscar garantizar la financiación del Caminito del Rey sin que le cueste dinero a los ciudadanos malagueños”. En todo caso, el propio presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha afirmado que la privatización y la futura venta de entradas a través de una empresa privada “sólo responden al consenso alcanzado entre los propios ayuntamientos de Ardales y Álora”. Con ambos municipios presididos en la actualidad por alcaldes socialistas, Bendodo le ha pedido “altura de miras” al portavoz socialista. En este sentido, se ha aprobado finalmente el convenio entre la Diputación y los ayuntamientos de Ardales y de Álora para iniciar los primeros trámites para la regulación privada de la gestión del Caminito del Rey con los votos favorables del PP y la abstención del resto de las fuerzas políticas. La adenda despedida prevé el cambio del convenio de “uso público” a “uso privativo”. La futura explotación será, en todo caso, en régimen de concesión demanial.

Sobre la Plaza de la Gastronomía, la oposición en bloque ha coincidido en criticar la gestión del PP por permitir que se abran los establecimientos, a pesar de que no se contara con la autorización por parte de los informes técnicos de la Diputación y por violar el pliego de condiciones que regula la gestión de La Malagueta. “Aquí ha habido complicidad y connivencia entre el señor Bendodo y el empresario que lleva la plaza de toros y se han estafados los empresarios que, de buena fe, han instalado sus locales”, ha afirmado Conejo. El propio presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha afirmado, por su parte, que la asesoría jurídica de la Diputación sí avaló “que la prestación de servicios de restauración era compatible con el pliego de condiciones de la plaza de toros”. Sin embargo, también ha admitido que los “sistemas de control de la Diputación han fallado” y Bendodo, como “último responsable” y ha reconocido que “hay que mejorar los sistemas de control”. La moción prevista por el socialista para reprobar al equipo del gobierno popular a depurar responsabilidaes políticas, ha sido rechazada mediante por el voto de calidad del presidente, ante la igualdad de votos de los diputados.