El caso de los topos que avisan a las funerarias en el hospital Clínico cuando creen que se va a producir el fallecimiento de un paciente ya está en manos de la policía. El centro sanitario interpuso una denuncia ante la Policía Nacional el pasado 12 de noviembre para poner en conocimiento de dicha autoridad los hechos acontecidos en este hospital. En concreto, se refiere a los casos de Pepe Subires y de Teresa Morales -publicados en este periódicos los días 23 y 27 de octubre- a quiénes llamaron empresas funerarias avisadas por un «topo» del centro sanitario que les informó sobre el supuesto fallecimiento de dos familiares. Ninguno de los dos habían fallecido entonces. Según señalaron fuentes del centro sanitario, el hospital pondrá a disposición de dicha autoridad toda la información requerida al respecto. Asimismo, informaron de que la investigación interna continúa abierta y sigue su curso y apuntaron a que se ha nombrado a un instructor para dirigir la investigación que se está llevando a cabo en el hospital.
La supuesta trama se destapó el pasado 16 de octubre, cuando uno de los «ojeadores» se precipitó y destapó qué ocurre en las urgencias del Clínico. Aquella madrugada una funeraria llamó de madrugada, desde un número oculto, a Pepe Subires, el marido de una paciente que había ingresado crítica y que esperaba noticias de su estado de salud mientras permanecía en la sala de espera. La llamada del «topo» a la funeraria hizo que este hombre pusiera una reclamación en el hospital al sospechar que alguien del Clínico había dado sus datos. Su mujer no sólo no había muerto, sino que una semana después recibió el alta. Hoy continúa en tratamiento en su casa. Ayer mismo La Opinión contactó con Subires a raíz de este caso. Este comunicó que desde entonces y hasta ahora ha recibido dos cartas informativas del hospital. En la primera le agradecían la colaboración y haber denunciado el caso y en la segunda le informaban de que aún estaban investigando. Tras recibir las dos comunicaciones se puso en contacto con un abogado para saber si el caso podía tener algún trasfondo penal. «Me dijo que no se puede poner una querella por la vía penal, pero sí denunciar ante el Ministerio del Interior lo que ha ocurrido por vulnerar la Ley de Protección de datos». No obstante, Pepe Subires aún no sabe si tomará medidas legales, todo depende de cómo se resuelva el caso. «Los topos se habrán puesto las pilas para que no sea fácil de averiguar, voy a ser prudente y cuando llegue la respuesta a ver qué me dicen. No lo descarto», señaló.
La trama funciona desde hace años en el hospital a escondidas de la dirección, según señalaron varias fuentes que prefirieron no desvelar su identidad. Un grupo de empleados estaría ganando dinero por gestionar de manera directa con las funerarias los seguros de defunción y el traslado de los cadáveres a los cementerios. Este grupo de trabajadores, que llevaría años prestando sus servicios al Servicio Andaluz de Salud (SAS), estaría llevándose, siempre según refieren las fuentes, cantidades que oscilan entre los mil y los dos mil euros por cada aviso que realizan.
Funcionamiento. Cada uno de los «topos» tiene asignadas una o varias funerarias con las que contactan en caso de que se dé un deceso en el turno en el que trabajan. «Si en el mismo turno coinciden varias muertes, se las reparten». Cuando un paciente ingresa en el hospital, los trabajadores de Admisión piden los datos de un familiar para comunicarle cualquier novedad sobre el enfermo. Una información a la que tienen acceso pocos profesionales de las urgencias y en la que estarían centrándose las investigaciones del hospital, que siguen su curso.
Los sindicatos volvieron a mostrarse ayer cautos, aunque todos ellos admitieron no haber recibido información desde la gerencia del hospital. Desde CCOO, Auxi Moragués, manifestó que espera que se encuentre a los responsables porque el hospital ha resultado «vapuleado» a consecuencia de que se destapase la trama con el caso de Subires. Igual piensa su homólogo de CSIF, Juan Manuel Ruiz, que destacó que la información sobre este asunto es reservada y que no se ha informado a los sindicatos. Desde Satse, Inma Florido, criticó que la gerencia no haya puesto el tema en conocimiento de la junta de personal, que cree debería estar informada del tema de primera mano. «No se ha escuchado ni visto movimiento alguno, sabemos que desde Atención al Ciudadano sí se había abierto una investigación, pero no ha trascendido información».
