La Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está investigando la existencia de personal contratado irregularmente en las áreas de Comercio y de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, según reconoció ayer durante el pleno el concejal de Personal, Carlos Conde.
El edil, que respondía a una comparecencia planteada por el grupo Ciudadanos acerca de las 14 denuncias levantadas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) por la contratación irregular de 14 personas durante más de cuatro años, respondió cuando el concejal de Ciudadanos Juan Cassá le preguntó «si había más casos en el Ayuntamiento». «Respondiendo a una denuncia que había en este caso, tenemos una inspección del Ministerio de Trabajo y concretamente estamos dando información del área de Medio Ambiente y del área de Comercio respecto a los contratos que se están firmando en estos dos servicios».
La denuncia a la que se refiere el concejal de Personal fue presentada en marzo pasado por el sindicado CSIF en el Ayuntamiento. El sindicato denunció la contratación «irregular» de trabajadores autónomos a los que se les destina a tareas cotidianas y ordinarias de tipo administrativo y que supondrían una «usurpación de funciones reservadas a empleados públicos en las oficinas municipales». El CSIF cifraba en más de 80 personas las que estaban contratadas por el Ayuntamiento como falsos autónomos.
Procedimiento suspendido. Por lo que respecta a los procedimientos iniciados por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social contra el Ayuntamiento por la contratación irregular de 14 personas en el OMAU entre el 1 de marzo de 2011 y el 30 de mayo de 2015, Juan Cassá requirió a Carlos Conde para que explicara la situación en que se encontraban estos procedimientos de infracción.
Al respecto, el concejal de Personal pudo anunciar una «buena noticia para el Ayuntamiento», dado que tanto la Inspección de Trabajo como la Seguridad Social han acordado «la suspensión del procedimiento» contra el Ayuntamiento y «a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por la empresa recurrente» (el Ayuntamiento) han decidido no seguir actuando y derivar el caso a la justicia con la presentación de una demanda ante el juzgado de lo Social. La suspensión del procedimiento será hasta que no recaiga una sentencia firme por parte del juzgado.
La suspensión del proceso incluye también a las actas de infracción de la Inspección que proponían una sanción al Ayuntamiento de algo más de 300.000 euros.
El Ayuntamiento por su parte, como anunció Carlos Conde, también ha acordado interponer un recurso contencioso administrativo que ha sido presentado ya en el juzgado de lo Contencioso número 4 de la capital.
