La institución El Defensor del Paciente envió ayer un escrito al fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, para pedirle que investigue el caso de los «topos» que avisan a las funerarias cuando un paciente ha fallecido para lucrarse con ello. En concreto, se refiere a los casos de Pepe Subires y de Teresa Morales -publicados en La Opinión los días 23 y 27 de octubre- a quiénes llamaron empresas funerarias avisadas por un «topo» del centro sanitario que les informó sobre el supuesto fallecimiento de dos familiares. Fuentes del centro sanitario informaron esta semana de que el 12 de noviembre pusieron el caso en conocimiento de la policía y señalaron que la investigación interna continúa abierta y que se ha nombrado a un instructor para dirigirla en el seno del hospital.
Desde El Defensor del Paciente, Carmen Flores consideró que tenían que haberlo enviado, nada más tener conocimiento de la reclamación en Atención Ciudadana, a la Fiscalía. «Las investigaciones internas quedan en nada desgraciadamente, hablamos de cosas muy serias y graves que no se deben consentir», señaló. La portavoz de esta institución, que apoya a pacientes y familiares en momentos muy delicados ante posibles negligencias o fallos en el sistema sanitario español, criticó que haya personas que hayan vulnerado la Ley en el seno de un hospital. «Y más en momentos tan difíciles para las familias, no es solo una falta de respeto sino que han violado la ley claramente ofreciendo datos personales, prohibido por la Ley de Protección de Datos», apuntó.
La supuesta trama se destapó el pasado 16 de octubre, cuando uno de los «ojeadores» se precipitó y destapó qué ocurre en las urgencias del Clínico. Aquella madrugada una funeraria llamó, desde un número oculto, a Pepe Subires, el marido de una paciente que había ingresado crítica y que esperaba noticias de su estado de salud mientras permanecía en la sala de espera. La llamada del «topo» a la funeraria hizo que este hombre pusiera una reclamación en el hospital al sospechar que algún trabajador había dado sus datos. Su mujer no sólo no había muerto, sino que una semana después recibió el alta. El caso de Teresa Morales fue idéntico. Una funeraria les llamó desde un número oculto ofreciendo sus servicios antes de que su padre falleciera. Denunció ante el hospital pero a los meses se archivó el caso por la dificultad para demostrarlo.
El lunes Subires comunicó que desde entonces y hasta ahora ha recibido dos cartas informativas del hospital. En la primera le agradecían la colaboración y haber denunciado el caso y en la segunda le informaban de que aún estaban investigando. Tras recibir las dos comunicaciones se puso en contacto con un abogado para saber si el caso podía tener algún trasfondo penal. «Me dijo que no se puede poner una querella por la vía penal, pero sí denunciar ante el Ministerio del Interior lo que ha ocurrido por vulnerar la Ley de Protección de datos». No obstante, Pepe Subires aún no sabe si tomará medidas legales, todo depende de cómo se resuelva el caso. «Voy a ser prudente y cuando llegue la respuesta a ver qué me dicen. No lo descarto», señaló.
La trama funciona desde hace años en el hospital a escondidas de la dirección, según señalaron varias fuentes que prefirieron no desvelar su identidad. Un grupo de empleados estaría ganando dinero por gestionar de manera directa con las funerarias los seguros de defunción y el traslado de los cadáveres a los cementerios. Este grupo de trabajadores, que llevaría años prestando sus servicios al Servicio Andaluz de Salud (SAS), estaría llevándose, siempre según refieren las fuentes, cantidades que oscilan entre los mil y los dos mil euros por cada aviso.
Cada uno de los «topos» tiene asignadas una o varias funerarias con las que contactan en caso de que se dé un deceso en el turno en el que trabajan. «Si en el mismo turno coinciden varias muertes, se las reparten», alertaron las fuentes. Cuando un paciente ingresa en el hospital, los trabajadores de Admisión piden los datos de un familiar para comunicarle cualquier novedad sobre el enfermo. Una información a la que tienen acceso pocos profesionales de las urgencias y en la que estarían centrándose las investigaciones.
