El tiempo se acaba. La Consejería de Fomento aseguró que en el verano de 2018 estará en servicio todo el trazado del metro de Málaga, incluido el recorrido en superficie al Hospital Civil. Pero cada vez las dudas son mayores sobre su futuro. La oposición vecinal, organizada en una plataforma, ya se ha encargado de hacer explícita la negativa de numerosos colectivos a este proyecto, negándose a cualquier concesión.

Sin embargo, el golpe más duro ha venido por parte municipal. Un informe demoledor carga contra la tramitación realizada por la Consejería de Fomento, afirmando que no se ha seguido con el proceso reglado y, por tanto, sería nulo. Es decir, que debería de volver a la situación en la que se encontraba hace un año y realizar todo el proceso administrativo. Es más, el Ayuntamiento va tan en serio que ha advertido que si no se acepta esta reclamación y se anula la tramitación, acudirá a los juzgados a interponer un contencioso administrativo.

De aceptarse este informe, se habría perdido un año vital en este proyecto para asegurar el cumplimiento de los plazos y su apertura en 2018, ya que son 24 meses de obra, a los que habría que sumar la aprobación del tramo y licitación.

La Consejería de Fomento debe resolver esta situación en enero, tanto en su respuesta al informe municipal como en las posibles soluciones si las afirmaciones del Ayuntamiento tienen consecuencias en el futuro del proyecto.

Las quejas municipales, a expensas de la respuesta de la Junta, parece que tienen su fundamento en el caos de gestión vivido en la Consejería de Fomento desde enero hasta julio. En esa fecha coincidió la salida del equipo de IU, cesado por Susana Díaz, la entrada de un consejero provisional, la falta de un gerente en la Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía, la convocatoria de elecciones y las dificultades para formar gobierno, alargando la provisionalidad de la gestión durante nueve meses de inicio de la tramitación del proyecto. Fuentes de la Consejería de Fomento reconocen que el futuro del tramo es complejo y su destino depende de la negociación que se haga en enero.

Estudios de movilidad. Si el informe municipal sobre la tramitación administrativa supone un escollo importante, no lo es menos el argumento técnico del Ayuntamiento para frenar el proyecto. Reclaman un estudio de movilidad más profundo que el presentado para conocer los efectos en el tráfico del cierre de Eugenio Gross y Blas de Lezo por la implantación del tranvía.

En esto, como en muchas cosas, depende de a quien se escuche. Tráfico muestra su preocupación por el destino de los coches y quiere un estudio detallado de alternativas y vías de tráfico previstas para absorber dos tercios de los 22.000 vehículos diarios que se desviarán con el tranvía.

La Consejería argumenta que el estudio presentado justifica sobradamente el impacto y desvíos de tráfico, argumentando que lo que se pide no se exige a ninguna actuación, con una modelización (recreación real y detallada de la circulación) de cada calle.

Por último, están las dudas municipales sobre la cantidad de pasajeros que absorbería, ya que el estudio de demanda se basa en datos del año 2000, por lo que reclama uno más actualizado.

Este panorama se agrava por la protesta activa de colectivos vecinales de Bailén contra el tranvía, que obliga a la Consejería a replantear su postura o, al menos, buscar una concertación que parece complicada de conseguir. La amenaza de no cumplir los plazos y no lograr los números de explotación cerrados pesan además como una losa y una amenaza real de fuertes sobrecostes.