El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha adjudicado en los últimos tres años (2013 a 2015) 33 viviendas en alquiler ocupadas de forma ilegal en varios puntos de Málaga, tres de ellas en La Trinidad, en concreto en la plaza Bravo 3-4, calle Trinidad, 94 y calle San Pablo,1. De los 33 casos, 14 eran promociones del IMV y 19 de titularidad autonómica pero gestionadas por el Instituto Municipal de la Vivienda.
Los barrios en los que se ha regularizado más la situación de los okupas han sido La Corta, con seis viviendas, seguida de García Grana con cinco viviendas ocupadas y Hacienda Cabello con cuatro.
Los datos los aporta el IMV a petición de la concejala socialista Lorena Doña, después de que la asociación de vecinos de la Trinidad denunciara en este diario el pasado jueves que la Junta y el Ayuntamiento entregan pisos a okupas cuando llevan tres años viviendo de forma ilegal en ellos.
El presidente de la asociación de vecinos Juan Romero, que calculó que en el barrio hay «de 30 viviendas para arriba» ocupadas de forma ilegal, consideró «una injusticia total» esta medida, en detrimento de las familias que llevan años en la lista de espera, además de un pésimo ejemplo, al tiempo que denunció que la regularización de las familias de okupas está llevando a que «a inquilinos normales, legales, les están ofreciendo dinero para meterse ellos porque saben que a los tres años van a poner las viviendas a su nombre».
En la respuesta al grupo municipal socialista, el servicio de gestión del patrimonio municipal en alquiler del IMV precisa que las viviendas se entregaron si cumplían los siguientes requisitos: que la vivienda estuviera liberada (con titulares fallecidos o que hubieran renunciado a ella); que contara con un informe de inspección en el que se expresara la buena convivencia vecinal y circunstancias de la ocupación; un informe de exclusión y urgencia de los servicios sociales municipales con las circustancias socioeconómicas de la familia y sobre la vivienda y el visto bueno del comité FRES (de valoración de Familias en Riesgo de Exclusión Social). El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, declaró el pasado jueves que «no se premia la patada en la puerta» y que son casos muy estudiados.
