­Uno de cada cuatro empleos sanitarios públicos destruidos entre 2012 y 2015 en España eran andaluces. La comunidad autónoma concentra el 24,08% de estos puestos desde que los recortes se consolidaron en el sector sanitario.

Los datos del último boletín estadístico del Ministerio de Hacienda sobre empleados al servicio de las administraciones públicas evidencian que desde enero de 2012 y hasta julio de 2015 España restó 24.189 empleos en las instituciones sanitarias. De estos, 5.826 son andaluces y 838, malagueños. En este sentido, la provincia es la tercera andaluza en pérdida de puestos, por detrás de Sevilla, con 1.286, y Granada, con 1.138 menos.

El retroceso del personal funcionario está relacionado con dos factores. Por un lado, con los recortes de plantilla impulsados por el Gobierno central en las dos últimas legislaturas a través del tope fijado a la reposición de jubilaciones. Por otro lado, en Andalucía obedece a la reducción de contratos del personal estructural al 75% y a la aplicación de las 37,5 horas semanales. Los contratos al 75% se han consolidado durante tres años hasta extinguirse, según la Junta de Andalucía, desde marzo del año pasado y hasta final de año.

Aunque la Sanidad está transferida a las autonomías, un decreto estatal aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2010 para reducir el déficit público limitaba al 10% la sustitución de funcionarios que se jubilaran o abandonasen las administraciones. Este tope del 10% en la tasa de reposición -el número de contrataciones públicas por cada baja- estuvo vigente de 2011 a 2014. En 2015, el tope de sustitución se elevó al 50% en Sanidad. Y este 2016, por decisión del anterior Gobierno de Rajoy, ya será del 100%: se podrán incorporar tantos nuevos funcionarios como empleados públicos abandonen el sistema.

Sin embargo, este hecho es compartido en toda España. De ahí la reducción estatal de 505.185 a 480.996 trabajadores públicos en la sanidad de todo el Estado entre enero de 2012 y el verano de 2015.

El pasado septiembre CCOO informó en rueda de prensa de las malas cifras de la sanidad en Málaga. Así, cifró la pérdida de puestos de trabajo en la provincia en un 12,31%, y recordaba entonces que a los contratos al 75% y a la no cobertura de jubilaciones y bajas médicas había que restar 2.159 puestos de empleo entre 2009 y 2015.

Pero, además de las imposiciones del Gobierno de Rajoy y los recortes por la reducción de financiación y fondos autonómicos, la medida de aumentar de 35 horas a 37,5 horas la jornada semana ha sido especialmente criticada en Andalucía. De hecho, el pasado 28 de diciembre centenares de trabajadores de toda la comunidad autónoma protestaron contra el «decretazo» de la Junta sobre la aplicación del incremento de la jornada laboral a la plantilla de la sanidad pública andaluza. Además, profesionales y representantes sindicales de CCOO exigieron la convocatoria «inmediata» de una mesa de negociación, ya que, consideran, hasta la actualidad la Administración sanitaria ha actuado «sin diálogo y de espaldas a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad».

El secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, Humberto Muñoz, manifestó que la plantilla del SAS ha sufrido con especial relevancia las consecuencias negativas de las aplicaciones unilaterales de jornada que se han impuesto en los centros de trabajo de forma heterogénea y arbitraria, en un agravio comparativo con la llevada a cabo en otros ámbitos de la Administración andaluza, lo que ha acarreado importantes recortes salariales y endurecimiento de sus condiciones laborales.

Los trabajadores han criticado en numerosas ocasiones que los trabajadores de otros ámbitos distintos al sanitario hayan aumentado en media hora su jornada laboral para sobrellevar la medida y que, en Salud, sin embargo, se haya concentrado en turnos que han evitado la contratación de numerosos trabajadores, sobrecargando a los que ya trabajaban haciéndoles ir por las tardes y limitando los nuevos puestos dejando la bolsa del SAS prácticamente congelada o a expensas de contraros semanales o por horas.

Por este motivo, los sindicatos esperan que parte de la pérdida de puestos de trabajo se palie con las ofertas de empleo público convocadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En las de 2016 y 2017 se esperan un total de 5.007 de las que a Málaga les correspondería aproximadamente un millar.

Al margen del aumento del cupo de plantillas e inversiones, los trabajadores piden recuperar derechos perdidos. Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, miembros de la Mesa General de Función Pública, han valorado el inicio del procedimiento para devolver a los funcionarios y empleados públicos el 25 por ciento de la paga extraordinaria de 2012, aunque han pedido a la Junta de Andalucía «más pasos» y la convocatoria de la Mesa General de forma urgente para seguir «recuperando derechos».