La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dio ayer un puñetazo en la mesa, después de que casi ninguno de los 26 condenados a más de dos años en el caso Malaya haya entrado en la cárcel tras un plazo de 10 días para hacerlo. Doce de ellos presentaron recursos para pedir más tiempo, pero la Sala los ha rechazado todos y amenaza con ponerlos en busca y captura si no ingresan en un presidio antes de que acabe el día de hoy, la jornada en la que expiraba el periodo para recalar en un centro penitenciario.

Entre estos 26 sentenciados (27 si se cuenta a Juan Antonio Roca, que lleva una década entre rejas), se encuentran la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, el exalcalde Tomás Reñones y más de una decena de exediles, así como el empresario José Ávila Rojas y los testaferros del exasesor de Urbanismo Montserrat Corulla, Manuel Sánchez Zubizarreta y Óscar Benavente Pérez.

De cualquier forma, ayer ya entró el contable de Roca, Salvador Gardoqui, clave en el caso porque fue a él a quien se le encontraron los acrónimos que permitieron relacionar los pagos al Jefe por parte de los empresarios y las salidas de fondos hacia los concejales sobornados. Lo hizo voluntariamente en la prisión de Alcalá de Henares (Madrid).

Algunos de los otros 26 sentenciados podrían haber entrado ayer también, pero no han trascendido detalles al respecto. En Alhaurín de la Torre había rumores de que un exedil también se personó en la tarde de ayer para cumplir su pena. De cualquier forma, hay pánico entre estos 26 encausados a la foto cuando entren al presidio y, aunque es el último día para entrar, algunos de ellos podrían haber optado por hacerlo ayer o, incluso, en cualquier cárcel del país.

La Sala, en el auto notificado ayer a las partes, asegura que ha pasado «tiempo más que suficiente para resolver cualquier cuestión familiar o profesional previa al ingreso en prisión» y rechaza todos los recursos, cuyos motivos son: la existencia de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; la suspensión de la pena impuesta, cumplida ya parte por la prisión preventiva; la concesión de la libertad condicional en otras causas, peticiones humanitarias, de edad, salud y razones familiares -«sin perjuicio de que sean valorados por el servicio médico de la prisión y ello pudiera incidir en su tratamiento penitenciario»- y solicitudes de indulto.

Así, el tribunal rechaza todas las peticiones y asevera: «A los penados que no ingresaren en prisión en el plazo de diez días concedido por el tribunal, que expira el 27 de enero, sin haber obtenido dispensa expresa de la Sala, se les pondrá de inmediato en situación de busca y captura y, una vez que sean habidos, serán ingresados de inmediato en prisión sin dilaciones».