Una veintena de gestoras telefónicas de emergencia del 061 de Málaga se han concentrado esta mañana en la Ciudad de la Justicia en apoyo de las ocho compañeras despedidas desde que empezó el conflicto entre este colectivo, la empresa que les da empleo, subcontratada por la Junta de Andalucía, y la propia Administración Pública, que llegó a impugnar los servicios mínimos. Hoy se celebraba en un Juzgado de lo Social el juicio por el despido de una de ellas y sus compañeras no han querido dejarla sola.

Una de las trabajadoras, María Cebrián, ha explicado que llevan 307 días de huelga y que se quejan de que se les aplique el convenio de telemarketing cuando ellas atienden llamadas de emergencia. "Llevamos diez meses de lucha", ha indicado a este periódico. De cualquier forma, lo que ellas quieren es que se mejoren sus condiciones, algo que ya se recoge en el convenio que las acoge, aunque califican ese acuerdo marco de "malo".

Otra de las afectadas, que prefiere mantener su nombre en el anonimato, ha recordado que estas trabajadoras hacen turnos de día y noche, que no tienen la calificación profesional que realmente les corresponde, y que ello supondría más sueldo y otra forma de organización del trabajo. El sindicato CGT ha llegado a calificar en algunas de sus notas la situación que sufren de "explotación".

"Como represalia por nuestra postura, ya que somos 45 mujeres en lucha, se ha despedido a ocho compañeras, y se ha sancionado a muchas de nosotras", ha señalado, tras destacar que desde el 8 de junio pasado están en huelga indefinida y, desde principios de año, en conflicto por esta situación.

La empresa que da servicio al 061 es Ilunion, vinculada a la ONCE, según han explicado. Asimismo denuncian que han ganado diversos conflictos judiciales por vulneración de derechos.

Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, explica que hay un conflicto desde hace diez meses y un día porque Ilunion, concesionaria de las llamadas, incumple el convenio de telemarketing en cuanto a jornadas, descansos y vacaciones. "A raíz de ello, la Junta por decreto decidió que hubiera unos servicios mínimos del 100%, pero al mismo tiempo se abrió un proceso por vía parlamentaria para que desde el 31 de diciembre de 2016 cesara la subcontratación y las trabajadores pasen a la empresa pública".

Montenegro añade que, en relación a esa proposición no de ley, sólo votó en contra el PSOE y salió adelante con el apoyo de todos los grupos de la Cámara andaluza. Asimismo, ha indicado, "las políticas de Ilunion le han llevado a ser sancionada reiteradamente".

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha decretado que los servicios mínimos no se ajustan a derecho y la Junta ha emitido otro decreto situándolos en el 90%, lo que permite que algunas de las mujeres puedan ejercer su derecho a huelga. Esto ocurre desde el pasado lunes.