­El caso Malaya, contra la corrupción política y urbanística en Marbella, ya cuenta con el grueso de condenados a mayores penas en prisión: entre el lunes y el miércoles ingresaron 21 de ellos. El resto, cinco, no han entrado en un presidio por distintos motivos, aunque en uno de los casos se trata de la crónica de una muerte anunciada: el empresario Andrés Liétor, el mismo que intentó dinamitar la celebración del juicio, se fugó hace un año y medio, como ya adelantó La Opinión de Málaga el 15 de julio de 2014La Opinión de Málaga.

Liétor está sentenciado a cuatro años y medio de cárcel. A este acusado le constan dos órdenes de busca y captura en Madrid, por lo que la Sala de Malaya emitirá una orden internacional la semana que viene para arrestarlo. Liétor se suma así a otro ilustre fugado, el andalucista Carlos Fernández, quien está en paradero desconocido desde julio de 2006, cuando hacía el Camino de Santiago. Su idea es no aparecer por aquí hasta que prescriban sus delitos.

El exconcejal Rafael Calleja y Celso Dema, condenado por blanqueo de capitales para Juan Antonio Roca, están enfermos y han solicitado un aplazamiento al tribunal. Los magistrados han decidido esperar a los informes médicos, que tendrán que ser analizados por los forenses, para decidir.

El empresario granadino Carlos Sánchez, a quien se considera el maestro de Roca, está inmerso en un juicio en la República Dominicana, donde tiene intereses inmobiliarios. Ha pedido unos días más para entrar, lo que tendrá que resolver la Sala.

Por otro lado, Massimo Filippa, empresario italiano, ha pedido cumplir los tres años y medio que tiene de cárcel en el país transalpino, lo que tendrán que estudiar los togados.

El resto ya está en la cárcel: la exalcaldesa Marisol Yagüe, que lo hizo el miércoles por la tarde en Alhaurín de la Torre para cumplir cinco años y medio de cárcel. También se cuentan en este grupo los exediles Tomás Reñones, Rafael González -aquejado de graves problemas de salud-, José Luis Fernández Garrosa y Belén Carmona, así como el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta y el empresario Óscar Benavente. Todos ellos cumplirán su pena en Málaga e ingresaron a lo largo del miércoles.

Isabel García Marcos ingresó también el miércoles en Brieva, Ávila, mientras que el contable de Roca, Salvador Gardoqui, prefirió hacerlo en Alcalá de Henares; el cuñado de Roca, Antonio Jiménez, ingresó en Murcia, mientras que los exediles José Jaén y Pedro Pérez se decantaron por una prisión barcelonesa. El exedil Emilio Jorrín optó por Algeciras y Vicente Manciles, por Madrid III. Asimismo, el miércoles ingresó en Alcalá de Guadaira (Sevilla) Carmen Revilla, exedil gilista, y la sonrisa del régimen, el empresario y ex primer teniente de alcalde de Gil, Pedro Román, lo hizo en una cárcel madrileña.

Hay otro dieciocho condenados a menos de dos años de cárcel, a los que se le ha empezado a requerir que paguen ya las multas y responsabilidades civiles. Quien tenga intención de pagar o lo haga efectivamente, incluso acordando un calendario de abono corto, no entrará a menos que tenga muchas causas pendientes o antecedentes penales, lo que ocurre en varios de los casos. Si no pagan, darán con sus huesos en la cárcel.

A todos estos casos particulares hay que sumar los de Juan Antonio Roca, que lleva una década entre rejas por esta y otras causas, y el de Julián Muñoz, exregidor de la ciudad de Marbella, que sólo tiene aquí dos años pero está cumpliendo numerosas condenas.

El reto para el tribunal ahora es poder acceder a ese dinero o bienes para asegurar que se repara el inmenso daño causado a la ciudad de Marbella entre 2003 y 2006, aunque el saqueo fue mucho mayor, como demuestran los 102 casos que le ha imputado la Fiscalía Anticorrupción recientemente a Juan Antonio Roca, por cierto, uno de los pocos que está pagando por lo sucedido con su inmenso patrimonio.