Malaya, diez años. Toda una vida. Desde las primeras detenciones, el 29 de marzo de 2006, ha transcurrido una larga década y las ínfulas del ayer son las caras amargadas de hoy. Desde aquella calurosa mañana primaveral en la que Marbella amaneció tomada por policías se ha pasado al discurrir silencioso de exconcejales y empresarios entrando cabizbajos a diversas cárceles del país. El caso contra la corrupción política y urbanística en la ciudad costasoleña fue el más importante de la historia judicial española. Ningún otro sumario se acerca por aproximación a las cifras que barajaron los investigadores para poner cerco al protagonista, Juan Antonio Roca, cuyo devenir carcelario transcurre paralela al macrocaso.
Los números de aquella investigación son de vértigo: hay 23 personas en la cárcel, 21 que han entrado esta semana (entre ellas la exalcaldesa, Marisol Yagüe, la ex primera teniente de alcalde e Isabel García Marcos), Roca (que lleva diez años entre rejas) y Julián Muñoz, el exalcalde que se creyó Superman, que cumple otras condenas. Asimismo, hay otros diecisiete condenados que podrían entrar si no pagan las multas impuestas, aunque estos fueron sentenciados a menos de dos años y, salvo que tengan muchas causas pendientes o antecedentes, tal vez se libren del mal trago del presidio. Quedan cinco por ingresar en un penal: dos han pedido una prórroga por enfermedad, uno ha huido, un cuarto cumplirá la pena en Italia y Carlos Sánchez, empresario, ha pedido unos días más por tener juicios en la República Dominicana.
Hay más números: a mediados de 2008, cuando se dictó el segundo auto de procesamiento, había más de un centenar de investigados; en el banquillo se sentaron 95, 45 fueron condenados finalmente por el Tribunal Supremo; el juicio se alargó durante dos años (200 sesiones) y la Audiencia puso una sentencia de miles de folios en 15 meses. En la génesis de la operación dirigida por el juez Torres y el fiscal Juan Carlos López Caballero, la policía tasó el patrimonio intervenido en 2.400 millones de euros, pero tras el juicio los bienes del Jefe fueron tasados en 100 millones de euros: fincas, coches de caballo, un helicóptero, un avión, obras de arte, trofeos de caza, trajes de torero y numerosos pisos conformaban el impresionante patrimonio del exasesor de Urbanismo.
En solo dos años, Roca llegó a ingresar más de 30 millones de euros en sobornos de empresarios. Finalmente, las multas y responsabilidades civiles impuestas a los condenados rozan los 550 millones de euros (la Fiscalía Anticorrupción pidió más de 500 años de cárcel y más de 3.800 millones de euros en sanciones). De los más de 500 millones de euros impuestos, Roca tendrá que abonar 239 y fue sentenciado a 17 años de cárcel.
El legado de Malaya, de cualquier forma, sigue siendo inmenso. Tras el juicio, la Fiscalía pidió la formación de 33 causas separadas que recalaron en los cinco juzgados de Instrucción de Marbella. Algunos de los condenados están empezando a recibir ahora citaciones para declarar como imputados en el marco de esas causas, aunque los defensores insisten en que ello ya se ha visto en el juicio de la causa matriz. Una de las piezas separadas más célebres fue la que acabó con la condena de Isabel Pantoja por blanqueo. Malaya for ever, piensan algunos de los letrados, porque desde la investigación de estas separatas hasta que recaiga sentencia firme en el Supremo, si es que llegan a celebrarse los juicios, pueden pasar muchos años.
De cualquier forma, y visto en perspectiva, Malaya, la primera causa por la que fue disuelto un ayuntamiento en democracia, forma parte de un libro negro de la corrupción en Marbella que tiene muchos capítulos, porque este proceso narra el saqueo entre agosto de 2003 y marzo de 2006, pero antes fueron los casos Saqueos 1 y 2, y también están ahí Minutas, Fergocon, El Pinillo, Goldfinger, etcétera... apéndices de la misma matriz, la forma de gobernar patentada por Jesús Gil en sus años como alcalde.
Otra de las incógnitas que quedan por resolver es quién recibirá el dinero de este proceso: aunque el Senado dice haber previsto una enmienda en los presupuestos de 2016 para que Marbella recoja algo de lo que le robaron en forma de inversiones, el alcalde de la localidad, José Bernal, pactó un plan con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuya pertinencia defiende a capa y espada como más beneficioso para la villa. La Sala malagueña que enjuició el asunto -presidida por José Godino- pidió que el dinero recalara en Marbella, el Supremo recordó que ello no era posible legalmente y, en este punto, nadie sabe muy bien dónde acabarán los fondos: si en las arcas estatales (como marca la ley) o en las de la ciudad (como marcaría el sentido común). Las multas irían muy bien para reducir la enorme deuda que mantiene la urbe con el Estado español en concepto de Seguridad Social y Hacienda. Tal vez se impone un pacto político.
En Malaya se produjeron innovaciones hoy ya habituales en la técnica investigadora y jurídica: se comenzó a perseguir el beneficio económico de los delincuentes -por eso es un caso de blanqueo-, lo que permitió descubrir sus enormes patrimonios; y, en el juicio, hubo que llevar al extremo la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que semejante macrocaso saliera adelante. Sobre el asunto se han escrito libros y hasta se hizo una serie, y Roca se convirtió en el único imputado por delitos económicos que consumió al completo la prisión preventiva de cuatro años.
Hoy, diez años después de las primeras detenciones, el gran grueso de los condenados están ya en la cárcel. Podría decirse que, con Malaya, comenzó el fin de una época que consagró en el altar del ladrillo toda una forma de vida basada en la ostentación y el pelotazo urbanístico.
