La plantilla de Limasa irá a la huelga a partir del sábado 20 de febrero. Será una huelga escalonada de manera que comenzará ese sábado de febrero y continuará los tres sábados siguientes, en los que irán a la huelga el 25 por ciento de los fijos que tendrían que descansar cada uno de esos sábados si se cumpliera la sentencia sobre el convenio (unos 250) y desembocará el sábado 12 de marzo cuando será toda la plantilla la que generalice el conflicto con una huelga total desde esa fecha, justo una semana antes del inicio de la Semana Santa.
El detonante del conflicto que estaba latente durante estas últimas semanas ha sido la interpretación que tanto el Ayuntamiento de Málaga como la dirección de Limasa han hecho del auto del juzgado interpretación del auto del juzgadode lo Social 8 que debía de resolver sobre la solicitud del comité de empresa de reclamar la ejecución de la sentencia del mismo juzgado del pasado mes de diciembre, que declaraba que el único convenio colectivo vigente en Limasa es el correspondiente a los años 2010/12.
Sentencia declarativa. El auto conocido ayer sobre la ejecución de sentencia declara que no ha lugar a dicha ejecución de la sentencia al entender que la misma tenía ya un sentido declarativo y no necesita «especial esfuerzo interpretativo».
En el auto, el juez aclara que no es necesario la ejecución de la sentencia de diciembre de 2015, que fijaba como único convenio vigente el firmado para 2010/12, porque se trata de una sentencia «meramente declarativa», que no impone la ejecución de ningún fallo y se limita a sentenciar sobre la vigencia de un convenio laboral, de ahí que no se pueda obligar a su ejecución.
La empresa y el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, salieron rápidamente a la palestra para señalar que el auto les da «totalmente la razón». Limasa y el Ayuntamiento interpretan que al rechazar el juez esta solicitud considera que no se está incumpliendo su sentencia y que, por tanto, les da vía libre para mantener la aplicación de los acuerdos firmados en diciembre de 2013 en que los trabajadores renunciaron a la paga de productividad, al descanso de los sábados y a las vacaciones sólo en verano.
«Esta resolución significa que el juez nos da la razón en nuestra interpretación de que aunque el convenio vigente es el firmado en 2010 (previo a los recortes), sí hay que tener en cuenta las modificaciones posteriores», dijo Raúl Jiménez, añadiendo que «las condiciones laborales actuales y no las de hace dos años deben ser el punto de partida para negociar el nuevo convenio y poner fin al conflicto».
Esta interpretación ha soliviantado a los miembros del comité de empresa de Limasa, que hacen una interpretación totalmente distinta del auto judicial y consideran que este, aunque señala que no ha lugar a la ejecución de la sentencia, se reafirma en que el fallo judicial debe cumplirse en cuanto a la vigencia del convenio.
Asamblea. El presidente del comité, Manuel Belmonte, señalaba ayer que entendemos que «tenemos la razón, nos lo dio la sentencia y ahora el auto se ratifica en esa sentencia». «Es lamentable que la empresa diga que el juez les da la razón. Esto es querer tomarnos el pelo y no lo vamos a consentir. Los trabajadores estamos muy cansados y hemos dicho basta y la respuesta será la huelga, pero, con la disposición a negociar, como hemos tenido siempre».
Por ello, la respuesta a este choque frontal entre la parte social y empresarial ha sido el anuncio de la convocatoria de huelga que, según el presidente del comité de empresa, se presentará ante la autoridad laboral el próximo 8 de febrero y deberá ser ratificada por la plantilla en una asamblea que se convocará a mediados de este mes.
