La defensa del exalcalde de Marbella Julián Muñoz insiste en sus argumentos para conseguir el régimen de semilibertad, mientras que la Fiscalía malagueña mantiene su recurso contra la decisión del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de acordar el tercer grado para el exregidor. La Sección Tercera de la Audiencia deberá resolver al respecto en próximas fechas.

Así lo indicó el letrado del exalcalde Antonio José García Cabrera, director de la firma Lemat Abogados, quien indicó en declaraciones a Europa Press que «es necesario que se resuelva esta cuestión pronto, porque la salud de Julián Muñoz está cada vez más deteriorada». De hecho, hace unas semanas sufrió un desvanecimiento en una sesión del juicio del caso Goldfinger.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria concedió a Muñoz el régimen de semilibertad en agosto del pasado año, en contra de lo dispuesto por Instituciones Penitenciarias. La Fiscalía recurrió esa decisión y la Audiencia, su Sala de Vacaciones, volvió al segundo grado, aunque, posteriormente, la Sección Tercera anuló dicha resolución e instó a que se volviera a dictar otra sobre el asunto.

Ahora, la Fiscalía se reitera en su recurso de apelación, presentado en agosto, contra la decisión del juzgado de conceder el régimen de semilibertad, mientras que la defensa, según el letrado, se opuso a esto en un escrito presentado ante la Sala, en el que se realiza una serie de alegaciones y se vuelven a exponer los argumentos para la concesión del tercer grado.

Así, la representación del exalcalde argumenta que la Fiscalía introduce «nuevas causas» para instar a que se deniegue el tercer grado, que «no se tuvieron en cuenta por Instituciones Penitenciarias» en su momento en el expediente y que en el caso de Muñoz «no concurren».

El juez de Vigilancia Penitenciaria acordó que Muñoz siguiera cumpliendo su condena en tercer grado por su delicado estado de salud, al entender que concurrían los requisitos que la ley exige para supuestos especiales: una enfermedad grave e incurable, la falta de facilidad para volver a delinquir, la escasa peligrosidad y razones humanitarias y de dignidad personal.

El juez aludía a los exámenes médicos que se han realizado, incluyendo uno ellos, con fecha de julio de 2014, un pronóstico de cinco a 10 años de vida; mientras que el informe médico posterior, de febrero de 2015, refleja un agravamiento «evidente», siendo el pronóstico de uno a cinco años; algo que se ratificó desde el servicio médico de la cárcel en julio.