La crisis y la mala práctica de ciertos empresarios ha disparado los casos de economía sumergida en el ámbito laboral, según vienen denunciando los sindicatos, que afirman que cada vez son más las personas obligadas a trabajar sin contrato o a aceptar altas a tiempo parcial que, en realidad, enmascaran jornadas completas. La punta del iceberg de este fenómeno tan difícil de cuantificar se refleja en los controles de la Inspección de Trabajo, que lograron aflorar el pasado año un total de 3.354 empleos sumergidos en Málaga, con un incremento del 14% en relación a los detectados en el ejercicio anterior. La mayoría de los casos -casi un 80%- eran personas que directamente no estaban dadas de alta en sus trabajos mientras que el resto responde a casos donde la empresa utilizaba de forma fraudulenta el contrato a tiempo parcial sin declarar todas las horas que en realidad echaba el trabajador. Cuando la Inspección establece que esa diferencia de jornada supera el 50% se considera también afloramiento de empleo negro (si es inferior lógicamente también se sanciona pero no aparece en las estadísticas).

«Son trabajadores que pueden estar dados de alta dos o tres horas al día, pero que terminan echando ocho o más. Y cada vez son casos más frecuentes. No se trata de demonizar la jornada a tiempo parcial, porque es una modalidad contractual que puede interesar a muchas personas para conciliar su vida laboral y familiar. Pero sí es cierto que estamos detectando muchos casos donde las empresas no usan bien estos horarios y mantienen al trabajador en su puesto fuera de la jornada», reconoce el jefe de la Inspección en Málaga, Alfonso Conejo, que constata que esta modalidad es la que más contribuyó en el último año a aumentar las cifras de balance de su departamento, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Las inspecciones en el campo del fraude laboral, que incluyen también otros apartados, permitieron así imponer más de 2.500 multas a empresas por un importe global de 11,9 millones de euros, lo que representan subidas del 3% y del 9% respectivamente sobre el año anterior. A esta cantidad hay que añadir 42 millones en dinero recuperado para las arcas de la Seguridad Social por derivaciones de responsabilidad, recaudación inducida o actas de liquidación.

Los inspectores realizaron el pasado año casi 7.300 controles exclusivos en materia de fraude laboral y 14.500 actuaciones ordinarias. Los sindicatos CCOO y UGT valoran este trabajo pero aseguran que harían falta muchos más controles. «Lo que detectan es sólo la punta del iceberg del fraude laboral», lamentan.

Conejo apunta que la hostelería es, en general, el sector de la economía malagueña en el que se registran más casos de fraude laboral, con 803 multas y alrededor de un tercio del total de personas a las que los inspectores, durante sus visitas a las empresas, pillaron sin contrato o trabajando más horas de la cuenta. El segmento de empresas de servicio (que incluye ámbitos como el mantenimiento de edificios, la limpieza o la telefonía), la agricultura y el comercio le siguen en esta lista. Cuando se detecta a un trabajador sin vínculo laboral, la Inspección puede proceder a darlo de alta de oficio o a conminar a la empresa que lo haga (alta inducida).

Agravante por cobro del paro

La legislación, por ejemplo, establece que una empresa que acoja a personas sin contrato se enfrenta a una multa de 3.126 euros por trabajador, con recargos a partir del 20% conforme sube el número de afectados y aplicaciones de agravantes en relación al número de meses en que se haya mantenido la situación irregular. Entre las personas que trabajaban sin contrato, cabe destacar que más 350 estaban además cobrando el desempleo, lo que agrava la naturaleza de la infracción, que pasa de «grave» a «muy grave». En estos casos, las empresas reciben, además de la multa por tener a la persona sin alta, una sanción añadida de 10.000 euros. En cuanto a quienes cobran el paro de forma irregular, la consecuencia inmediata es la paralización de la prestación. Además, la Seguridad Social se apunta lo que esa persona ha cobrado de forma indebida como deuda a recuperar en un futuro, descontándolo de futuras prestaciones.

En cuanto a las infracciones por fraude en el uso de la jornada a tiempo parcial, la multa para la empresa es de un mínimo de 626 euros, aunque luego se pueden aplicar agravantes. En 2015 se levantaron más de 150 infracciones a empresas por este motivo, un 25% más que en el anterior año. Además, se obligó a estos negocios a hacer al trabajador un contrato acorde a las horas reales de desempeño.

La labor de este departamento también ha propiciado también en la conversión de casi 2.685 contratos temporales en indefinidos, un 36% más, tras comprobarse que no había causa real para la temporalidad en el puesto desempeñado o porque se había excedido la duración prevista para esta modalidad de contratación.