Las franquicias que Vitaldent tiene repartidas en once municipios de la provincia de Málaga vivieron la jornada de ayer con la normalidad con la que se puede vivir la detención del máximo responsable del imperio, Ernesto Colman, y doce miembros más de la cúpula empresarial por presuntos delitos de fraude fiscal a la hacienda pública y a sus propios franquiciados y blanqueo de capitales.

Los arrestados, según la policía, están acusados de exigir a sus franquiciados el pago en metálico de determinadas cantidades acordadas todos los meses que, como si se tratara de una caja B, no declaraba a Hacienda. De esta manera, Colman ingresaba estas ganancias en cuentas de Suiza y Luxemburgo y una parte de ese capital retornaba a España para ser invertido en más de un centenar de inmuebles, fincas rústicas y vehículos, con lo que culminaba el proceso de blanqueo.

Los investigadores anunciaron el bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas investigadas, repartidos en 25 bancos, así como los activos financieros de dos Sociedades de Inversión de Capital Variable (las Sicav) por importe de 5 millones de euros. También se decretó la prohibición de disponer de 124 fincas urbanas repartidas por toda España y de 103 rústicas, así como de los coches de lujo intervenidos, de una aeronave valorada en un millón de euros y caballos hallados en una finca en Villacastín (Segovia). Según ha podido saber La Opinión de Málaga, entre todo ese extenso patrimonio investigado se encuentra una espectacular vivienda localizada en Guadalmina Baja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella. Las fuentes consultadas aseguran que el casoplón, la guinda de una parcela de 900 metros cuadrados, está a nombre de la empresa Garcilaso 95 SL, dedicada a la promoción inmobiliaria y propiedad de Etno Investiment SL, cuyo administrador único es el propio Ernesto Colman.

Mientras tanto, los responsables y trabajadores de varias clínicas de la capital consultadas por este periódico aseguraron que la jornada de ayer transcurrió con normalidad. También en Vitaldent Antequera, donde indicaron que el trabajo se realiza según lo previsto y todas las citas seguirán atendiéndose.

Las asociaciones de consumidores OCU y Facua, por su parte, recomendaron a los usuarios que denuncien cualquier irregularidad al recibir los servicios o, si se diera, por cierre de la clínica ante los servicios de Consumo de las comunidades autónomas o en comisaría, en este último caso. En todo caso, recordaron que las detenciones no deberían afectar al funcionamiento de los establecimientos. «Lo primero es que legalmente no debe haber ningún cambio, los contratos deben de cumplirlos tal y como están firmados», explicó la portavoz de Facua, Ángeles Castellano. La franquicia no puede subir, modificar o eliminar ningún precio o tratamiento de los pacientes. Tampoco puede cerrar, y en caso de que esto ocurra, «hay que poner una reclamación ante la empresa por un medio que quede constancia de la recepción de la reclamación (carta certificada y Burofax) y ante las autoridades de consumo de la comunidad autónoma competente», añadió Castellano.

La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, recomendó «conservar las facturas y documentos que acrediten la relación contractual». Es aconsejable guardar cualquier documentación de demuestre la vinculación con la clínica y los servicios acordados, como el caso de presupuestos, contratos o facturas. En el futuro es posible que las clínicas se unan a otra red de franquicias o que cada clínica cambie de nombre y se independice.

Izverniceanu aconsejó considerar posponer e iniciar nuevos tratamientos, tratamientos adicionales o pagos: «Las franquicias tienen total responsabilidad con el paciente porque, aunque están avalados por una marca, la relación contractual es con la franquicia. La franquicia puede verse arrastrada por la mala imagen de la marca pero el paciente debe saber que son dos cosas diferentes».