El comité de empresa de Limasa y el Ayuntamiento de Málaga han retomado hoy las conversaciones para intentar desconvocar la huelga de basura, que cumple su cuarto día. Tras varios días de mensajes cruzados y con las negociaciones rotas desde el martes, parece que esta mañana el ambiente es diferente en La Casona, que desde las 10.00 horas acoge la reunión, y ha habido un acercamiento de posturas entre el Consistorio y comité de empresa en el principal obstáculo de la negociación: la paga de productividad y su forma de pago.

El Ayuntamiento de Málaga y la empresa estudian aceptar el abono de la media paga de productividad se abone este 2016, como pedían los trabajadores. Hay que recordar que el comité reclama que se comience a pagar ya ese complemento, este año, al menos la mitad, de manera que este 2016 se abone 276 euros en septiembre y otros 433 euros en once pagas y ya en 2018 se cobraría completa y en un solo abono. Sin embargo, el Ayuntamiento y la empresa alegan falta de recursos económicos para no aceptar esta petición del comité y propone otro calendario de pagos. Pagaría los 1.431 euros de la paga de productividad, pero de la siguiente forma: nada en 2016, 876 euros en 2017 y su totalidad en 2018. En total, la paga de productividad supone un coste que ronda el millón de euros.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento mantiene sobre la mesa la oferta del pasado lunes, que se extiende hasta 2018, una propuesta "sensible hacia las demandas de los trabajadores y costosa para los ciudadanos -11,6 millones de euros en tres años-", ha precisado De la Torre. Ante la postura del comité, el equipo de gobierno municipal ha planteado una alternativa, que pasa por descansar ya todos los fines de semana y esperar a la resolución del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga ante la demanda por conflicto colectivo interpuesta.

Una demanda con la que determinar si para aplicar el convenio vigente de 2010-2012 hay que irse al documento inicial o bien tener en cuenta las modificaciones posteriores, como el acuerdo de diciembre de 2013 que puso fin a la huelga de entonces. Según la propuesta municipal, ninguna de las partes recurriría dicha sentencia y si fuera desfavorable para la empresa, ésta se compromete a acatarla.

Belmonte, quien ha rechazado este extremo, ha hecho hincapié en que "lo que se firma, se tiene que cumplir", instando al equipo de gobierno del PP a no actuar con "inquina" hacia la plantilla. Así, ha confiado en que en la reunión de este sábado la empresa y el Ayuntamiento "entiendan que somos la única parte a la que por la crisis le quitaron parte del salario y otros conceptos laborales". Además, ha recordado que "nos dijeron que recuperaríamos íntegramente todas las cantidades, incluidos los descansos".

De hecho, Belmonte ha afirmado que, de cara al encuentro de este sábado, "nosotros tenemos las ideas muy claras"; sin embargo, "parece que ellos no, porque todavía están poniendo sobre la mesa el año 2018 cuando el contrato finaliza en un año". Ha recordado que la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Málaga considera como único convenio colectivo vigente el de 2010-2012, anterior a los recortes, y, sin embargo, "estamos cediendo tanto en aspectos económicos como sociales, como el tema de las vacaciones". Por tanto, no renuncian a recuperar en 2016 la llamada paga de productividad porque, tal y como ha especificado, "una parte es salario al referirse a subidas anteriores del IPC". "Si no la cobramos, perdemos poder adquisitivo", ha aclarado. Además, el representante sindical ha manifestado que "con eso que se acumula ahora en las calles que todo el mundo rechaza ahora -en referencia a la basura- es con lo que trabajamos nosotros los 365 días del año".

Servicios mínimos. También se ha referido Belmonte a los servicios mínimos y ha asegurado que, aunque los consideren "excesivos", los cumplen "escrupulosamente". Una cuestión diferente es, tal y como ha especificado, que la flota de vehículos esté "en muy mal estado, con una media de 18 y 20 años". "Esperamos que no metan a empresas externas porque sería un error; los ánimos están muy calientes", ha afirmado Belmonte, ante lo que ha exigido que "no se vulnere un derecho fundamental de los trabajadores como es la huelga".

Por su parte, desde Limasa han indicado que este pasado jueves, tercer día de huelga, siguió habiendo retrasos en la salida de los vehículos y diferentes averías. Así, en estos tres días se han recogido en total 786.240 kilogramos, frente a los 2.521.380 kilos contabilizados durante el mismo periodo de 2015, por lo que el volumen de residuos retirado de las calles ha sido sólo del 31,2 por ciento.

Del turno de la noche no finalizó la tarea ninguno de los 14 equipos que salieron en los servicios mínimos, ni tampoco terminaron los asignados al de mañana, con 17 vehículos, debido a retrasos en la salida y diferentes averías durante el trabajo. En la tarde, de los siete vehículos destinados a servicios mínimos, tres no lograron realizar su tarea al completo, según la información facilitada por el Consistorio.

Acuerdo parcial. Por otra parte, después de sus críticas y sus "protestas" hacia la Junta de Andalucía en relación con el documento que permitió la desconvocatoria de la huelga en Navidad de 2013, De la Torre ha informado de que la Administración andaluza les ha comunicado que ya se puede inscribir como un acuerdo parcial. "Hay una respuesta de la Junta de Andalucía a nuestra demanda reclamada desde hace meses, puesto que parecía que ese acuerdo estaba en el limbo, que no existía", ha señalado el regidor malagueño.

De la Torre ha agradecido, finalmente, a los malagueños "su colaboración, su paciencia y su comprensión en estos días difíciles", y ha dicho que "colaborando todos será más llevadero todo". No obstante, ha confiado en que "la huelga no dure mucho tiempo".

Sentencia sobre los trabajadores de Los Ruices. Por otra parte, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha aprovechado para informar de una nueva sentencia del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga en relación con los contratos de los fijos a tiempo parcial del Centro Ambiental de Málaga (CAM) Los Ruices.

En concreto, la jueza desestima la demanda de conflicto colectivo contra Limasa presentada por el comité de empresa para que se declarase el derecho de los trabajadores de estas instalaciones a mantener la jornada a tiempo completo de 35 horas semanales, con sus condiciones salariales correspondientes, con efectos desde el 1 de julio de 2014.

Por requerimiento de la Inspección de Trabajo, 73 trabajadores del CAM tenían que ser fijos. Ante esto, la dirección de la empresa propuso que 31 lo fueran a tiempo completo y que los 42 restantes, con contratos de 21 horas, trabajaran durante el 90 por ciento de jornada, y, aunque hubo un principio de acuerdo, finalmente, no se refrendó y los operarios decidieron ir a los tribunales. "Finalmente, la sentencia ha dado la razón a la empresa", ha apuntado Jiménez.

En concreto, la sentencia, desestima íntegramente la demanda "ante la no existencia de vulneración del derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, en relación con el colectivo de mujeres, y ante el hecho de que las dos reducciones impugnadas fueron realizadas con la voluntad de los trabajadores que firmaron las mismas".

"La empresa, al cumplir el requerimiento de la Inspección de Trabajo, convirtió los contratos en indefinidos, pero con la jornada que tenían en la fecha en que es requerida para ello, por lo que dio cumplimiento a dicho requerimiento dado que la Inspección no especificaba jornada", indica la resolución judicial.

En este punto, el edil del PP ha comentado que "esto mismo puede pasar con la demanda del convenio colectivo", ya que "las sentencias judiciales algunas veces pueden darte la razón y otras quitártela".

Convocatoria de la reunión. El comité informó ayer de que la reunión será con el alcalde, Francisco de la Torre, y los responsables del área de Medio Ambiente, tras una llamada al diálogo del alcalde, que tras la ruptura de la negociación del comité el pasado martes, esperaba que diese el primer paso para desbloquear la huelga. Sin embargo, fuentes municipales aseguran a este diario que el principal impulsor de esta reunión es el alcalde, que ayer habló con la dirección de Limasa para que se comunicaran con el comité para retomar las negociaciones.

Durante el día de ayer, el alcalde se había mostrado «abierto al diálogo» cuando «los trabajadores quieran dialogar», entendiendo que siendo ellos los que se levantaron de la mesa de negociación, debían ser también ellos los que dieran el primer paso para volver a hablar. Igualmente, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, aseguró que no les importaba «llamar al alcalde, al papa y al que haga falta, pero para algo positivo». «A nosotros no se nos van a caer los anillos por ello, no es la primera vez que llamamos al alcalde para mantener una reunión, si tenemos que hacer la llamada, la haremos, buscando el bien de los trabajadores y trabajadoras de Limasa», remarcó Belmonte antes de anunciar el encuentro.

El representante de los trabajadores rechazó que los sindicatos rompieran la negociación levantándose de la reunión del martes con el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez. «Lo único que pretendimos fue evitar males mayores porque la actitud del concejal no ayudaba», manifestó.

Pese a ello, el presidente del comité criticó con dureza las palabras del miércoles del alcalde, cuando señaló que «los trabajadores de Limasa son un colectivo que tiene una situación de ingresos superior al resto de los trabajadores municipales y muy superior al resto de la población de Málaga». Belmonte lamentó que el alcalde «cada vez que habla es para echarnos a los ciudadanos encima».

Volvió a insistir en que «tenemos una sentencia a nuestro favor», en referencia a la del juzgado de lo Social número 8 de Málaga, que declara como único convenio colectivo vigente el de 2010-2012, anterior a los recortes. Ante esto, criticó que sean la empresa y el Ayuntamiento «los que nos hayan llevado a esta situación por no cumplirla».

Por su parte, De la Torre aseguró que el Ayuntamiento y la empresa «hemos hecho un esfuerzo considerable, recogiendo muchos puntos de sus peticiones»; y aclaró que las propuestas ofertadas por el equipo de gobierno supondrían un desembolso para el Ayuntamiento en los próximos tres años de 11,6 millones, a razón de 2,2 millones en 2016; en 2017, un total de 4,4 millones, y de 5 millones en 2018. No obstante el principal obstáculo se encuentra en la paga de productividad, parte de la cual los sindicatos exigen recuperar este año, lo que conllevaría un sobrecoste para el Ayuntamiento de 1.064.000 euros.