Una de las claves de la huelga de basura y de las negociaciones era y es qué convenio laboral es el vigente. El comité de empresa mantiene que el único válido es el que dictaminó el juzgado número 8 y que estipula que el convenio que se debe ejecutar es el de los años 2010-2012, anterior a los recortes. El Ayuntamiento de Málaga defiende que los acuerdos de diciembre de 2013 que permitieron desconvocar otra huelga tienen validez de convenio y responsabiliza a la Junta de Andalucía de haber rechazado en tres ocasiones su inscripción en el registro de convenios y con criterios diferentes para rechazarlo. Francisco de la Torre considera que esta falta de «rigor» de la Junta de Andalucía ha favorecido que se produzca este conflicto de intereses entre los trabajadores y el Ayuntamiento. La primera vez que se intentó inscribir el acuerdo del 2013 como convenio fue en enero de 2014 y la Junta archivó la petición diciendo que debía presentarse como convenio. El segundo intento fue en abril y mayo de ese mismo año y fue desestimado por no cumplir con requisitos formales. El juzgado de lo Social número 8 dictó una sentencia en diciembre de 2015, que además de decir que el único convenio en vigor era el que defendían los trabajadores sostenía que los acuerdos de 2013 debían inscribirse como acuerdos de modificación de convenio. Por ello, la empresa trató una tercera vez de inscribir el acuerdo sin que «hasta día de hoy se haya recibido respuesta», según el Ayuntamiento. Además, Limasa recurrió el segundo rechazo y el pasado 1 de marzo el Ayuntamiento recibió una comunicación de la Junta en la que dice que los acuerdos del 2013 deben registrarse como acuerdo parcial y no como acuerdos puntuales por un periodo de tiempo. Este embrollo jurídico está a la espera de que una nueva sentencia aclare qué convenio rige en Limasa.