El gobierno local, lejos de esclarecer sus responsabilidades y su papel en la pasada huelga de los trabajadores de Limasa, escenificó en la segunda parte del pleno celebrado ayer un panorama donde vuelca toda la responsabilidad de la huelga en la Junta de Andalucía por no inscribir en el registro el principio de acuerdo logrado entre empresa y comité hace dos años, en diciembre de 2013. De hecho, según el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, esta «clara negligencia» está en el origen de la huelga.
Toda la responsabilidad, según los argumentos de Jiménez, queda en manos de la Junta por no haber querido inscribir en diciembre de 2013 el principio de acuerdo alcanzado entre empresa y trabajadores. La huelga de marzo «era claramente evitable si el Gobierno andaluz hubiera hecho su trabajo» de inscribir el preacuerdo.
Jiménez no hizo apenas alusión, por contra, a los dos años transcurridos a partir de diciembre de 2013 durante los cuales el Ayuntamiento y el comité tenían la responsabilidad de negociar y firmar un convenio colectivo que abortase un conflicto en Limasa y no lo hicieron. Al respecto Jiménez se limitó a señalar que el Ayuntamiento y la empresa quisieron negociar pero fue el comité el que no quiso.
El concejal de Medio Ambiente fue mucho más allá y habló de complicidad política: «Ha habido complicidad entre el poder político del PSOE y los sindicatos; la Junta, como autoridad laboral competente ha usado su brazo político inmerso en todos los procesos administrativos y está haciendo una grave negligencia, denunciada, además, en los juzgados».
Por todo ello el Ayuntamiento, según anunció Jiménez, contempla reclamar en los tribunales a la Junta daños y perjuicios por los efectos que para la ciudad de Málaga tuvieron los días de la huelga de basuras de marzo. La reclamación, según aclaró después, dependerá del pronunciamiento del juzgado de lo Social número 2 de Málaga, que deberá resolver una demanda presentada por Limasa, precisamente, contra la resolución de la Junta de no dar validez de convenio a los acuerdos de diciembre de 2013.
Toda esta argumentación forma parte del pronunciamiento hecho por Jiménez en defensa de una moción que presentó al pleno y en la que pedía precisamente, que la Junta completara los trámites para registrar este principio de acuerdo. Una iniciativa que no salió adelante por el rechazo en bloque de la oposición que la calificó de «inaceptable» .
La concejala socialista Begoña Medina rechazó de forma rotunda que haya una interferencia política en asuntos como el registro de un acuerdo laboral. Para esta edil, «el PP no ha sido riguroso ni serio en este tema». «No se puede culpar a una administración por cumplir la ley y exigir la documentación que se debe pedir», añadió Medina, tachando la actitud del equipo de gobierno de «poco seria».
El viceportavoz de Málaga Ahora, Juan José Espinosa, tachó la moción de «nueva provocación del equipo de gobierno y un nuevo intento de alentar otra huelga en Limasa». «Está pidiendo que se registren los acuerdos de 2013, entonces es que los acuerdos con los que se desconvocó la huelga de marzo no piensan cumplirlos».
El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, volvió a criticar a su socio de investidura, diciendo que «la táctica habitual del Partido Popular es echar la culpa al Gobierno andaluz». De esto no tiene culpa la Junta; la administración regional y los profesionales que hacen estos registros están haciendo bien su trabajo».
Por último el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, dejó claro que la petición del PP «no es competencia del pleno y responde a un intento de seguir desviando la atención y echar la culpa a otras administraciones». «En vez de centrarse en la negociación desde meses antes de diciembre de 2015, se empeñaron en considerar que el acuerdo de 2013 era un convenio y los tribunales no les han dado la razón». Eso hizo que se negociara tarde lo que se podía haber negociado antes y evitar así la huelga».
