Encarnación Salazar tenía 44 años y era natural de Ceuta. En noviembre de 2007 fue sometida a una liposucción y a una mamoplastia reductora, pero tras la intervención quirúrgica efectuada en una clínica privada de la capital acabó falleciendo. El Juzgado de lo Penal número 6 de la capital condenó al cirujano por homicidio imprudente a dos años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación, pero ahora la Audiencia Provincial le ha rebajado la pena a dos años de cárcel y tres de inhabilitación, lo que implicaría que el sanitario podría evitar la cárcel. La familia, representada por el hermano de la víctima, Manuel Salazar, critica la decisión y se siente muy perjudicada.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial, el condenado aplicó «una técnica incorrecta» y manipuló de forma indebida las cánulas de aspiración «hasta el punto de penetrar en la cavidad abdominal de la paciente con diástasis de los rectos de tres centímetros», generando perforaciones intestinales. Para colmo, el seguimiento fue «incorrecto» en el postoperatorio, y los daños no fueron diagnosticados hasta seis días después. «Pese a los dolores de la paciente y a los resultados variables de la analítica practicada, que precisaron aumentos en el suministro de calmantes de carácter opiáceo, retirada de la faja y transfusiones sanguíneas, el cirujano no advirtió ni sospechó nada anormal de su paciente». La mujer fue operada siete veces más y acabó muriendo el 1 de abril de 2008.

Dilaciones indebidas

La Audiencia consideró negligente la actuación del profesional, pero aplica la atenuante de dilaciones indebidas, porque el procedimiento ha tardado siete años, desde 2008 a 2015, y le reduce la pena de dos años y medio a dos.

La familia «entendió la justificación de la sentencia de Penal 6, pero la consideró corta, por las circunstancias del daño causado respecto a la prisión, ya que el homicidio imprudente está penado con hasta cuatro años como máximo, y en el juicio se había demostrado circunstancias de irresponsabilidad y de negligencia continuada y de desprecio a la vida, como dice la sentencia».

Pese a todo ello, «se tenía la seguridad de que el causante del daño realizado, dejando a unos niños sin madre, a unos padres sin hija, a un marido sin esposa y a un hermano sin hermana, al menos iba a ser castigado con prisión, porque probablemente se rehabilitaría y no volvería a cometer semejante delito», dice la familia en la carta, firmada por Salazar.

Carta de la familia

Sin embargo, «si no va a prisión, el magnífico trabajo hecho por la justicia quedará vacío, porque el principal objetivo de la misma es hacer justicia y rehabilitar a los delincuentes, y si no es castigado, y con ejemplaridad, faltará la parte más importante, causa y efecto, y el delincuente obtendrá un gran premio al delito cometido, y el hecho quedará en un 50% impune».

Por ello, los familiares se dicen «entristecidos y compungidos por esta fatal noticia, ya que el si el Juzgado de lo Penal número 6 lo admite, el doctor, cuyas iniciales son C. B. F., no ingresará en prisión ni un solo día y Encarnación Salazar Ríos lleva ya ocho años incinerada, y dos hijos llevan sin ver a su madre ese tiempo. Reparar el daño causado es imposible, pero agravar el dolor será ver al doctor en libertad sin pagar en prisión por el grandísimo daño causado».

Los familiares se quejan y esgrimen toda una serie de motivos, extraídos de la primera de las sentencias, y hablan del «calvario» de cinco meses que soportó Encarnación, como «mantenerla con una peritonitis seis días, sin diagnosticarle ni darse cuenta de su patología y darle el alta dos veces, porque pensaban que quería eludir viajar a Ceuta; mentir a la familia sobre la gravedad de la patología provocada, mantenerla en una clínica sin medios adecuados para la gravedad de la paciente, convencer a la familia de que en su clínica estaría mejor que en Carlos Haya».

Incluso, aseguran, que después de la muerte de Encarnación Salazar los profesionales no prestaron apoyo alguno a la familia, se negaron a dar información y pusieron todo tipo de trabas. Incluso, acusan a la clínica de haberse querellado con el hermano de la fenecida y pedirle 10.000 euros de indemnización tras interpretar erróneamente sus palabras.

La familia no entiende cómo esa sentencia «súper motivada y justificada ha quedado reducida por el recurso de apelación» y reclama que el cirujano entre en prisión.