Más de 50.000 referencias. Muchas de ellas aireadas, y sin el más mínimo rubor, en plataformas de internet, e, incluso, en buzones de anuncios. La oferta clandestina de apartamentos y viviendas de la provincia es amplia y no sólo compete a los lugares más estrictamente relacionados con el turismo. Aunque no existe una cifra oficial, los técnicos de Hacienda dan un número aproximado que permite aventurar las dimensiones colosales del negocio. En la provincia se arrienda sin declarar, a pequeña y gran escala, si bien es cierto que a partir de este mes será más difícil incurrir en el delito.
Al nuevo decreto que regula el sector, que entrará en vigor el próximo 11 de mayo, se une ahora la nueva cruzada ministerial de la campaña del IRPF, que amenaza con poner entre la espada y la pared a todos los que defraudan. Con un porcentaje de éxito que se presume elevado y que ya ha empezado a sorprender en los borradores a los primeros amenazados. Hacienda sigue la pista en Málaga de miles de viviendas. Y lo hace con los medios que tiene a su alcance. Fundamentalmente, la consulta de internet y la información sobre consumos que, desde 2010, le proporcionan las compañías energéticas.
«De acuerdo con los datos de que dispone la AEAT usted ha realizado anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios publicitarios, incluido internet. Le recordamos que, en caso de haber percibido rentas por alquiler, deben incluirse en la declaración, así como cualquier tipo de renta por la que deba tributar y no conste en los datos fiscales». Este es el mensaje tipo que está incluyendo el Ministerio y con el que se pretende animar a los propietarios a ponerse al día y dejar de trampear. Un asunto que no es menor. Y menos, en una provincia de especial presión inmobiliaria como Málaga. Según cálculos del sindicato Gestha, son casi cien millones de euros anuales lo que el Estado de ja de ingresar; de ahí la necesidad de estrechar la vigilancia.
Gonzalo Fuentes, de CCOO, alude al problema en paralelo de la competencia desleal. Mientras los apartamentos y hoteles dados de alta asumen el coste de la actividad, casas y pisos son alquilados en negro, sin ningún tipo de compromiso ni de control. En el turismo, la oferta clandestina equivale ya a más del 30 por ciento del total. Y con un efecto perverso, sostiene, sobre la imagen de la Costa del Sol. «Es un paso adelante, ojalá se hiciera también con otras estafas como la laboral», puntualiza.
En Málaga más del 75 por ciento de los 65.000 arrendamientos que se llevan a cabo cada año permanecen en la opacidad. Sin embargo, los técnicos son optimistas. José María Mollinedo, de Gestha, está convencido de la eficacia de la nueva campaña. «El perfil es muy común y eso hace que no nos enfrentemos a mucha sutileza delictiva», puntualiza.
Tanto él como Fuentes están convencidos, además, de que el miedo a la sanción puede ser un buen estímulo durante esta campaña. Aunque varía en función del tipo de vivienda y de su precio de mercado, las multas alcanzan de media más de un 25 por ciento del rendimiento por el alquiler.
El perfil del defraudador es, en este caso, bastante extenso. Los arrendamientos ilegales coinciden asimismo con la proliferación de las viviendas turísticas, que se han convertido en un negocio floreciente en todo el litoral. Personas que han visto en el turismo una manera de costear el pago de la hipoteca y una alternativa al ladrillo pendiente todavía de aclararse con la legislación. La decisión de la Junta de poner orden en el sector acaba con la sensación generalizada de impunidad. Y más después del toque de atención al que se ha animado Hacienda. Gonzalo Fuentes cree que aún es posible elevar la ofensiva y alude a la importancia de la cooperación. «Los ayuntamientos y la propia policía pueden ser muy buenos aliados contra el problema», puntualiza.
La confesión, no obstante, no sale gratuita. El hecho de que se declare el arrendamiento no exime del peaje por años anteriores. Los expertos confían en que la lucha contra la economía sumergida tenga consecuencias positivas para el turismo, tanto en términos de seguridad como de exigencia. «No hay que olvidar que al no existir contrato no hay control ni ficha de cliente», resalta Fuentes. En España la oferta ilegal afecta prácticamente uno de cada dos inmueble y mueve un volumen de negocio de casi 3.000 millones de euros al año.
