Existe demanda suficiente para justificar la extensión del Cercanías hasta Marbella y Estepona. El primer paso está dado y sólo queda definir un trazado, en lo que el Gobierno está centrando los estudios para recuperar este histórico proyecto. Las estimaciones sobre esta línea hablan de hasta 100 millones de usuarios al año, cifra que multiplicaría por diez los 9,6 millones de pasajeros que se mueven actualmente en Cercanías entre Málaga y Fuengirola.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, destacó que el estudio de demanda realizado para esta infraestructura demuestra la importancia y la necesidad de la construcción de esta línea ferroviaria.
Sin embargo, el Ministerio de Fomento no tiene cerrado el trazado que se impulsará para unir el Cercanías hasta Fuengirola con Marbella y Estepona. Por ahora trabaja en dos propuestas, que analiza la consultora Ineco en el estudio informativo que está elaborando y que servirá para optar por uno de los dos recorridos.
Gómez-Pomar aseguró que las dos opciones que se barajan presentan ventajas e inconvenientes, por lo que la decisión no parece tan clara.
La propuesta más barata es realizar el recorrido en superficie por los más de 50 kilómetros previstos. El problema es que eso obligaría a proyectar la línea férrea lejos de los núcleos urbanos, para reducir la incidencia en viviendas y no retrasar su construcción con complejos y caros procesos de expropiación.
Esta primera alternativa obligaría además a buscar soluciones para la movilidad intermodal y buscar la conexión de las estaciones con los centro de atracción de pasajeros.
La otra alternativa es realizar un trayecto paralelo a la AP-7, más cercano de los grandes núcleos urbanos y, por tanto, más accesible para el gran público. Sin embargo, esto obligaría a soterrar gran parte del recorrido, idea que ya barajó la Junta de Andalucía antes de 2009, cuando se frenó esta inversión por falta de fondos. De hecho, los estudios autonómicos planteaban 56 kilómetros de trazado, de los que el 90% iban bajo tierra para salvar los accidentes geográficos de la Sierra Blanca y las urbanizaciones. El presupuesto que se estimaba era de 4.500 millones de euros, unos 80.000 euros por metro construido.
El problema de soterrar esta infraestructura es que el coste del kilómetro construido se dispararía frente a la opción en superficie, como reconoció Gómez-Pomar, quien fio la decisión final a disponer del estudio informativo de las dos alternativas.
Sobre estos trabajos, el secretario de Estado de Infraestructuras destacó que el trabajo de campo está siendo muy complejo por los problemas geológicos y las dificultades que ofrece el terreno, muy colmatado por la construcción de urbanizaciones. No obstante, espera disponer del trabajo pronto y saldrá a información pública.
