El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga está impulsando la elaboración del primer convenio colectivo provincial de Empleados de Fincas Urbanas que englobará al colectivo de personas que trabaja para las comunidades de vecinos desarrollando, entre otras, tareas de mantenimiento, portería, conserjería, limpieza o jardinería. El presidente del Colegio, Fernando Pastor, explicó ayer a este periódico que la iniciativa, en la que se viene trabajando desde hace meses, responde a la necesidad de ofrecer una regulación específica al colectivo, ya que actualmente estos empleados se rigen con convenios sectoriales (como es el caso, por ejemplo, del de jardinería) o directamente a través del Estatuto de los Trabajadores, al estar también en desuso unas normas al respecto que datan de la época franquista.

El futuro Convenio de Empleados de Fincas Urbanas de Málaga beneficiará a unas 3.000 personas que trabajan en la provincia contratados de forma directa por comunidades vecinales, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social recogidos por el Colegio. Pastor aclaró que el texto, en cambio, no será de aplicación para el personal de empresas subcontratadas por las comunidades para prestar estos servicios (y que cuentan ya con sus convenios).

El Colegio celebró este pasado martes una mesa de trabajo en la que se remató la plataforma que se hará llegar estos días a los sindicatos CCOO y UGT como propuesta inicial. Una vez que éstos contesten con la contraoferta que consideren oportuna será el momento de formalizar la mesa negociadora entre ambas partes para comenzar a abordar la redacción del convenio, algo que podría producirse en mayo.

Según recordó Pastor, la ausencia de normativa propia ha venido provocando hasta ahora ciertas disfunciones cuando se da un conflicto o dilema laboral entre trabajadores y propietarios, partiendo de la base de que una comunidad de vecinos no es una empresa (tienen carácter jurídico pero no ánimo de lucro) y de que sus necesidades y condiciones no son las mismas. Además, cada juzgado aplica un marco laboral diferente para resolver los casos de demandas (incluso acudiendo al convenio de otras provincias), por lo que se pretende que el futuro texto se convierta ahora en la referencia para todos. De momento, únicamente 12 provincias, entre ellas Madrid o Sevilla, disponen de un convenio para el colectivo de empleados de fincas urbanas.

«Es un sector que requiere de un convenio por la complejidad de profesiones que aglutina. Llevamos trabajando en el mismo desde hace muchos meses y ahora se deben refrendar los resultados», apuntaron Pastor y el vicepresidente del Colegio, Alejando Pestaña.

La institución colegial, de hecho, lleva desde mitad del pasado año manteniendo conversaciones previas y sondeando a los sindicatos, estando todos de acuerdo en que esta normativa es necesaria. La propuesta formal se ha retrasado todos estos meses debido a la necesidad de clarificar diversos aspectos legales. La institución ha incorporado como asesores en la elaboración de la plataforma a la empresa Málaga Laboral, al Colegio de Graduados Sociales de Málaga y a Juande Villena (graduado social).

Sin carácter retroactivo. Pastor y Pestaña afirmaron que el planteamiento inicial es el de establecer seis categorías (mantenedores, porteros, conserjes, jardineros, limpiadores y socorristas de piscinas) junto a diversas subcategorías. No estarán incluidas las labores de vigilancia, que tienen una estricta reglamentación y sólo pueden ser contratadas con empresas especializadas.

La norma propuesta incluiría dos pagas extras y aspectos de flexibilidad horaria según la temporada. También apostará por la conciliación de vida laboral y familiar. La negociación definirá las tablas salariales y su actualización anual dentro del convenio, que tendrá carácter revisable cada cuatro años. El texto, una vez negociado entre las partes y redactado, deberá ser presentado ante la Junta de Andalucía para su tramitación.

Un aspecto importante es que el futuro convenio, que no tendrá carácter retroactivo y afectará sólo a las nuevas contrataciones, se redactará además a partir de una premisa básica: se respetarán las condiciones personales de los trabajadores que ahora mismo desempeñan funciones con condiciones mejores a las que estipule el texto (ya sea salarios, horarios o cualquier otro elemento). Dicho de otra forma, estas personas mantendrán sus condiciones también en el caso de que prorroguen contrato con el nuevo convenio ya en vigor. ¿Qué ocurre con los que tengan condiciones inferiores? De entrada, si tienen un contrato temporal tendrán que esperar a renovarlo para actualizarse. En el caso de ser indefinidos podrían solicitar, si les interesa, acogerse al nuevo convenio pasado cierto tiempo.

Pestaña no cree que la futura regulación vaya a provocar efectos perniciosos en el colectivo -en el sentido de que se prescinda de trabajadores antiguos para meter a nuevos-, aunque sí admitió que las comunidades siempre pueden optar por externalizar servicios. La mayor disfunción que traerá la norma es que habrá comunidades donde un trabajador recién contratado tenga peores condiciones que uno antiguo realizando el mismo trabajo.

La mayoría de los puestos en este ámbito son a tiempo parcial, a excepción de los porteros y conserjes, que sí suelen estar a jornada completa. Los trabajadores suelen entrar con contratos temporales para después pasar a indefinidos. El Colegio afirma que son cada vez más las comunidades que prefieren contratar al trabajador directamente y no subcontratar a través de empresas.

Las comunidades que contratan suelen ser de tamaño mediano o grande (mínimo, entre 50 y 90 vecinos), destacando zonas de la capital como los paseos marítimos, las grandes áreas residenciales y la zona de edificios de la avenida de Andalucía o el Centro, donde la presencia de múltiples oficinas lleva a contratar a porteros que orienten la entrada de clientes. También destacan, por supuesto, los complejos residenciales y urbanizaciones de la Costa del Sol, que incorporan a jardineros, mantenedores o personal de limpieza.