­El conflicto administrativo con los chiringuitos se asoma a su recta final. Esta vez, sin nuevos enredos legales a la vista, y un ambiente de trabajo que, después de numerosas interrupciones y amagos de ruptura, parece reforzar al fin el optimismo y convencer a partes iguales a uno y otro lado de la mesa de negociación. Según dejaron entrever ayer la Junta de Andalucía y las asociaciones del sector, la incertidumbre, que se dilata desde hace más de una década, y con la interpretación de la anterior ley de Costas como fondo, se acaba, y en apenas unos meses no quedará ningún establecimiento en la comunidad con su licencia en el aire o todavía sin renovar.

La llamada normalización de los negocios, asumida casi en solitario por la administración autonómica en la primavera de 2011, tiene ya una fecha en el horizonte. Y ni los empresarios ni el Gobierno andaluz ven razones objetivas que inviten a pensar que no se vayan a cumplir. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, lo dijo ayer en Málaga: su departamento, con la aquiescencia de los portavoces del gremio, confía en que en octubre esté todo solucionado, lo que significaría que el sector, acostumbrado a moverse entre ambigüedades, podría ya funcionar durante la temporada turística del próximo año con todas las garantías y sin miedo a asumir reformas ni aumentar el grado de inversión.

De momento, son alrededor de 400 de un total de 900 las licencias pendientes de estudio. De ellas, 176 corresponden a la provincia, que es la zona en la que este tipo de hostelería cuenta con mayor arraigo y fuerza laboral. Para tratar de disipar las últimas dudas, Fiscal mantuvo ayer un encuentro en la delegación territorial de Málaga con los representantes de todas las provincias implicadas, que insistieron en la necesidad de uniformar criterios y evitar que continúe la disparidad de juicios que gobierna en la actualidad, que ha provocado que a los establecimientos de algunos puntos se les exija la retirada de elementos que en otros municipios andaluces son aceptados sin ningún tipo de restricción legal. La idea es que todos se rijan por las mismas normas. Fiscal la encuentra perfectamente factible, aunque recuerda que, en algunos casos, la decisión es competencia directa de los municipios. «Son cuestiones muy importantes para el empresario y es razonable que se tenga muy claro que es lo que se puede utilizar o no, pero hay algunas que tienen que ver con el urbanismo y dependen de los ayuntamientos», abundó.

Pese al trabajo técnico que todavía resta por hacer en los despachos, el consejero se muestra confiado en resolver sin demasiadas dificultades los últimos detalles y perfilar la ansiada vuelta a la normalidad antes de que el calendario enfile hacia noviembre. Los días de controversia se desvanecen. Al menos, sobre la tarima de los medios, donde el propio responsable andaluz, a modo de ilustración, resume: «Hablamos ya más de los problemas que surgen a posteriori de la normalización que de la propia regularización en sí, que se está encarrilando», puntualiza.

El entusiasmo del representante es compartido también por el presidente de la asociación de empresarios de playas de Andalucía, Norberto del Castillo, que calificó de «ilusionante» el nuevo rumbo adquirido por la negociación. Para el portavoz del gremio ahora es el momento también de que los empresarios trasladen a la administración su experiencia para «no cometer los mismos errores» y garantizar que el sector pueda operar en el futuro sin sobresaltos ni colisiones imprevistas con la legislación.

En la misma línea se pronunció su homólogo en Málaga, Manuel Villafaina, que aseguró estar «muy satisfecho» con el sistema de trabajo y el calendario acordado con la administración. La legalización de los últimos chiringuitos que trabajan sin licencia supondría el fin de un conflicto que empezó a endurecerse a raíz de la lectura que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de la ley de Costas de 1989. Especialmente, en lo que respecta a las dimensiones de las instalaciones y la ocupación del espacio marítimo. Algunos establecimientos, con la concesión caducada, se encontraron entonces con que la administración les denegaba el permiso que les había sido otorgado poco tiempo antes y con la misma norma en vigor. El calvario para los negocios llega a su fin.