Fue el narcotráfico el que dio la clave de la importancia de luchar contra el blanqueo. En los años ochenta, miles de jóvenes morían enganchados a la heroína y los narcos gallegos eran condenados por delitos contra la salud pública pero, cuando salían de la cárcel, podían seguir disfrutando de sus enormes casas, yates y lujosos coches. Ahí nació la necesidad de comenzar a perseguir los beneficios del delito que eran introducidos en el circuito legal por sociedades interpuestas y una nutrida red de testaferros. La policía se formó en ello y, al igual que fiscales y jueces, comenzó a condenarse a los narcos por delitos de narcotráfico y blanqueo, con penas más elevadas, lo que suponía además quitarles sus posesiones. Luego, los delitos antecedentes al blanqueo comenzaron a ampliarse poco a poco, hasta llegar al fraude al fisco, y en España se fue desarrollando una minuciosa legislación antiblanqueo que obligaba a numerosos sujetos -abogados, bancos, notarios, etcétera- a informar sobre operaciones dinerarias sospechosas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). A mediados de la pasada década, comenzaron las grandes operaciones contra el blanqueo como Ballena Blanca, y algunos notarios y abogados entraron en la rueda de los detenidos precisamente por amparar y diseñar en sus despachos estructuras societarias para lavar el dinero. Hoy, blanquear es más difícil que nunca.
