­La empresa Gaia, concesionaria de los polideportivos municipales de Malasaña y La Trinidad, ha anunciado a sus trabajadores que dejará de gestionar ambas instalaciones a partir del 31 de mayo próximo y procederá al cierre de las mismas, a la vez que presentará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectará a la totalidad de la plantilla, que suponen unos 45 trabajadores, según informó ayer el sindicato CCOO.

La empresa, que tiene la concesión de ambos recintos hasta 2022, ha alegado, según el sindicato, causas económicas y pérdidas sustanciosas en su cifra de negocios que harían imposible la continuidad de la gestión de los polideportivos.

La empresa ya anunció al Ayuntamiento esta posibilidad y pidió negociar la rescisión de los contratos. Sin embargo, la junta de gobierno local decidió el pasado 8 de abril no incoar expediente de resolución del contrato de gestión, argumentando para ello que no concurrían las causas alegadas por la empresa.

Ayer, tras conocer la noticia, aunque dijo no tener aún la información oficial, la concejala de Deportes, Elisa Pérez de Siles, insistió en que la empresa debe cumplir sus obligaciones contractuales, pero que en todo caso el Ayuntamiento «está preparado para reaccionar ante un posible incumplimiento de contrato por parte de la empresa».

Gestión municipal. Por su parte, la edil de IU-Málaga para la Gente Remedios Ramos anunció ayer que su grupo presentará al próximo pleno una moción encaminada a plantear la remunicipalización de las instalaciones deportivas de El Torcal y La Trinidad y reclamar que el resto de polideportivos de la capital sean también de gestión pública para evitar fracasos como los de estos dos centros deportivos.

Ramos criticó el actual modelo para las instalaciones deportivas, basado en concesiones a empresas privadas del equipo de gobierno «que deja en manos de los adjudicatarios absolutamente todo» y sin margen de maniobra al Consistorio «cuando se actúa de forma negligente, o de mala fe, como estamos viendo en el reciente caso de El Torcal o La Trinidad, donde el empresario dejó de pagar a los trabajadores e intentó utilizarlos a modo de chantaje y amenaza al Ayuntamiento para conseguir en el nuevo pliego unas condiciones más favorables y ventajosas económicamente para su empresa».